Marchan contra la “Ley Concesiones”, que privatiza el agua en Querétaro

QUERÉTARO, Qro.

La protesta se llevó a cabo una semana después de que granaderos reprimieron otra protesta, realizada por indígenas de Amealco, quienes denunciaron el saqueo del agua en su comunidad y exigían diálogo.

Ahora el contingente partió desde la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro hasta la Plaza de Armas de la ciudad, donde acusaron a legisladores del Congreso de mayoría panista de ser los primeros traidores y al gobernador el segundo por publicar la ley.

En mayo pasado, tras publicar la ley, el gobernador Mauricio Kuri González dijo que la ley es una buena noticia para Querétaro, aunque reconoció que sí privatiza el agua: “Esta ley lo que hace es regularizar lo que ya está y cuando dicen que se quiere privatizar, si ya están privatizadas, lo que queremos es regularizar las que ya están privatizadas”, dijo, y agregó que, en el sexenio de su antecesor Francisco Domínguez Servién, fue otorgada una concesión por parte de gobierno del estado.

La noche de este viernes, varías personas, entre ellas jóvenes estudiantes, gritaron a las afueras de la oficina del gobernador, Mauricio Kuri: "¡Esos son, esos son, los que chingan la nación!"; "¡El que no brinque es Kuri, el que no brinque es Kuri!"; "¡Ante la represión, la movilización!".

En algunas de las pancartas que llevaba el contingente se leía: "Somos estudiantes, no acarreados"; "Respeto y escucha a los pueblos indígenas"; "No somos acarreados, somos guardianes del agua".

En días previos, el mandatario estatal, impulsado por el PAN, también dijo que ve intereses políticos detrás del movimiento contra la ley que privatiza el agua.

En un inicio, el contingente se concentró frente a la sede del organismo público defensor de los derechos humanos, cuyo titular, Javier Rascado Pérez, salió del edificio y recibió los oficios que le entregó una representación de manifestantes, con los que le demandan la acción de inconstitucionalidad, así como por la represión del 10 de junio.

Claudia Romero Herrera, abogada especializada en derechos humanos y gestión del agua, señaló que hasta el próximo lunes 20 de junio tienen de plazo para que el organismo local de los derechos humanos promueva una acción de inconstitucionalidad, lo que aún no ha hecho, pese a que desde inicios de junio lo solicitaron mediante un oficio.

"Lo que nosotros les pedimos, hasta ahora no ha sido admitido, fue que firme una acción de inconstitucionalidad con los argumentos ciudadanos, no con sus argumentos institucionales, con los argumentos ciudadanos que tienen el aval y el sustento de todos los cuerpos sociales, académicos, gubernamentales y demás y esa es la petición que estamos haciendo".

La "Ley que Regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro, normativa que buscan se impugne, fue aprobada el pasado 19 de mayo por el Congreso local, sin tomar en cuenta la demanda de un parlamento abierto.

Las y los legisladores del PAN, que tiene la mayoría que votaron a favor son 14: Germaín Garfias Alcántara, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Enrique Correa Sada, Guillermo Vega Guerrero, Maricruz Arellano Dorado, Laura Angélica Dorantes Castillo, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, Ana Paola López Birlain, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Leticia Rubio Montes, Liz Selene Salazar Pérez, Dulce Imelda Ventura Rendón, Luis Antonio Zapata Guerrero y Uriel Garfias Vázquez.

Al grupo del PAN los acompañó sus aliados de "Querétaro Independiente": Martha Daniela Salgado Márquez y Manuel Pozo Cabrera, un expriista que fue oficial mayor en los primeros años del sexenio del gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa.

Tres varones y dos mujeres legisladores del grupo de Morena se opusieron: Juan José Jiménez Yáñez, Yasmín Albellán Hernández, Christian Orihuela Gómez, Andrea Tovar Saavedra y Armando Sinecio Leyva.

También votó en contra un diputado del PRI, Paul Ospital Carrera, pero sus compañeros de fracción, Graciela Juárez Montes y Juan Guevara Moreno, tomaron la determinación de abstenerse de votar, pese a que ellos dos habían impulsado una iniciativa que también contemplaba las concesiones del agua en la entidad.

El diputado del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez, ni siquiera asistió a la sesión donde fue discutida la polémica iniciativa.

Ese día hubo una manifestación afuera del Congreso local y horas después una movilización que llegó a las afueras de la oficina del gobernador.

Sin embargo, dos días después, el 21 de mayo, el mandatario estatal, Mauricio Kuri, publicó la ley en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, pese a que ciudadanos le demandaron vetarla.
Desde esa publicación han ocurrido al menos 4 marchas más de ciudadanos contra la ley (el viernes 27 de mayo, el lunes 30 de mayo, el sábado 11 de junio y la de este viernes 17 de junio).

El contingente de manifestantes, mujeres, jóvenes, con lonas y pancartas, marchó por calles de la zona centro de la ciudad.

"¡Va a caer, va a caer, esa ley se va a caer!"; "El agua es un derecho, no un privilegio"; "¡No es sequía, es saqueo!", fueron algunas de las proclamas durante la movilización.

El contingente, en el que incluso participaron ciclistas, avanzó por la Avenida Constituyentes, dio vuelta en la calle Pasteur para llegar a la Avenida Zaragoza y después hacia la Calle Corregidora, del Centro Histórico de la Ciudad, dieron una vuelta al Jardín Zenea y después se encaminaron hacia las afuera de la oficina del mandatario.

La marcha de esta tarde también fue realizada para exigir un alto a la represión y a la estigmatización y criminalización de la protesta.

Por esta razón, antes de que iniciara esta nueva marcha, dieron una serie de recomendaciones para evitar confrontación y dar pie a cualquier acto de represión por parte de la autoridad.

"No debemos caer en provocaciones, enviemos el mensaje de paz a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Por seguridad, recomendamos evitar a hacer pintas. Nuestro principal objetivo es que se baje la ley que privatiza el agua y que se cierren las carpetas de investigación que criminalizan a los defensores del agua, en específico a nuestros tres compañeros que fueron detenidos, así como la resolución de todos los conflictos en barrios, comunidades, localidades de nuestro estado".

Los manifestantes reiteraron en varias ocasiones que la marcha era pacífica y apartidista.

Durante la movilización, hubo personal de la Defensoría de los Derechos Humanos acompañando el contingente y también de Amnistía Internacional.

El pasado 10 de junio, un grupo de indígenas de la localidad otomí Santiago Mexquititlán del municipio de Amealco se plantó a las afuera de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), el organismo público operador del agua en Querétaro.

Pedían un diálogo abierto y público con funcionarios de la CEA, del gobierno de Querétaro y hasta de la Conagua, del gobierno federal.

Sin embargo, tras 1 hora y 41 minutos de no ser atendidos, decidieron bloquear la Avenida 5 de Febrero, una de las más transitadas de la ciudad, lo que derivó en que les mandaran un grupo de granaderos para desalojarlos.

El operativo de la Policía Estatal dejó tres personas detenidas, en medio de golpes a personas de la tercera edad y jaloneos con mujeres indígenas.

Para la secretaria de Gobierno, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien cuando fue senadora por el PAN sostuvo la polémica reunión con el dirigente del partido ultraderechista Vox de España y que además suscribió la llamada "Carta de Madrid", declaró que la actuación de la policía fue "impecable".

En tanto, el gobernador Mauricio Kuri considera que detrás las protestas hay intereses políticos.

El "Festival Agua que Corre", que agrupa a 40 organizaciones relacionadas con la defensa del agua, rechazó la criminalización de la protesta y la represión contra las personas manifestantes.

Incluso la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” exigió la liberación inmediata de las personas.

Mientras que funcionarios y políticos panistas de Querétaro reconocieron la labor de la Policía queretana por liberar la vía, bajo el discurso de que en la entidad se respeta la ley.

Tres días después, una de las personas que participó en la manifestación del 10 de junio, acusó que fue requerida por policías municipales cuando conducía su vehículo, con el argumento de que la Policía Estatal "tenía un reporte".

No lo detuvieron, pero sí se llevaron su carro. "Es obvio que es un acto de intimidación y de represión", declaró.