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Condenan a indígenas por protestar por cuartel

Los hombres participaron en una marcha en 2020 contra la construcción de un complejo de la GN

Ciudad de México.- La eterna disputa entre el respeto y la conservación del territorio en México y diferentes nociones de progreso cristaliza en Chiapas estos días, con el caso de José Luis Gutiérrez y César Hernández. Vecinos del municipio de Chilón, cerca de Ocosingo, en plena selva Lacandona, Gutiérrez y Hernández acaban de ser condenados a dos años de cárcel por marchar contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, en su pueblo, hace algo más de dos años.

Los activistas indígenas tseltales José Luis Gutiérrez y César Hernández.Condenan a indígenas por protestar por cuartel

  • ”César y José Luis pertenecen al Ejido San Jerónimo, parte de Chilón, que es donde se iba a construir el cuartel. Y ellos decidieron protestar, junto a otros ejidatarios, porque ni siquiera les habían consultado como ejido. La protesta fue en la carretera que comunica con Ocosingo.

Fue algo pacífico y entonces, de manera arbitraria, la policía estatal les detienen a ellos dos“, explica Ivette Galván, parte del equipo jurídico que apoya a la comunidad, junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Galván y César Contreras, compañeros en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, explican que el intento de levantar el cuartel motivó la primera demanda de amparo contra la construcción de un complejo así en México. “No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos. Y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica Contreras.

CRITICAN SENTENCIA

Tanto el Centro Pro como el Frayba han criticado la sentencia del juez, principalmente por la nefasta calidad de las pruebas que presentó en el juicio la Fiscalía General del Estado, según han explicado las organizaciones. La dependencia acusaba a los dos hombres de un delito de motín. En un comunicado, el Frayba ha explicado que la Fiscalía no probó que ni uno ni otro hubieran cometido delito alguno. Lo que es peor, la dependencia ignoró las denuncias de tortura en contras de los agentes captores, interpuestas por los dos activistas.



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