Familiares de víctimas piden al Senado frenar detenciones arbitrarias
Diciembre 22, 2023 - 08:22 p.m.
La detención se basó inicialmente en un señalamiento de dos menores de edad, quienes no formalizaron su declaración en la agencia del Ministerio Público. Por tanto, no existe una denuncia o querella formal
CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas y familiares de víctimas de detenciones y procesos arbitrarios por parte de jueces y ministerios públicos en el Estado de México, solicitaron a senadores un pronunciamiento e investigación por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para poner fin a estos abusos.
Expusieron el caso de un hombre de la tercera edad, que denunció su detención y posterior procesamiento, tras la fabricación de un delito por parte de elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, en complicidad con el Ministerio Público de la Agencia conocida como "La Bola".
Francisco Pablo Hernández Chávez, de 65 años de edad, se encuentra actualmente detenido e incomunicado bajo el cargo de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas, a pesar de que en el momento del arresto solo poseía un cutter, utilizado como herramienta de trabajo cuya portación no es delito.
Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre pasado, cerca de las 16:00 horas, en la intersección de Avenida Plaza Central con Valle de San Lorenzo, Plaza de Aragón, en Nezahualcóyotl, Estado de México.
La detención se basó inicialmente en un señalamiento de dos menores de edad, quienes no formalizaron su declaración en la agencia del Ministerio Público. Por tanto, no existe una denuncia o querella formal.
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Las autoridades mantienen incomunicado al inculpado. Le han negado el acceso a su hermano, quien intentó proporcionarle agua, comida y abrigo.
Francisco Pablo Hernández Chávez se encuentra recluido en el Penal del Bordo. Durante la visita de un familiar y abogado particular a la sede ministerial, se les exigió el pago de 30 mil pesos para liberarlo.
Este fin de semana se llevará a cabo una audiencia inicial para determinar la situación legal de Pablo "N", cuyo propósito es esclarecer si los cargos presentados tienen fundamentos legítimos o si se trata de una presunta fabricación de delitos, privando injustamente de su libertad a alguien que simplemente transitaba por las calles del municipio.