A 8 años de Ayotzinapa

El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.

Recientemente fueron detenidos tres miembros del Ejército, al igual que el exprocurador general de esa época, Jesús Murillo Karam, pero el hecho de que la fiscalía federal haya retirado órdenes de captura de más de una docena de militares ha generado preocupación.

Y también se teme que detalles y nombres filtrados al diario Reforma, los cuales ofrecen una visión más clara de la participación del Ejército, puedan poner en riesgo los procesos judiciales.

Mientras tanto, los padres siguen sin saber el destino de los estudiantes. Presuntamente todos fueron asesinados, aunque sólo se han encontrado restos de tres de ellos.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron a la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, en el sur del país, a tomar autobuses para usarlos en protestas, pero fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado. No está claro el móvil, pero se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de heroína.

La versión oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual se centra en que los 43 estudiantes fueron entregados al cártel local Guerreros Unidos, quemados en un basurero esa noche y sus restos arrojados a un río, ya está descartada. Se ha comprobado que los jóvenes fueron desaparecidos en grupos, que participaron más actores y uno de los restos identificados se encontró en otro lugar.

Siempre se supo que el ejército tuvo conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando porque la noche del 26 de septiembre había militares en lugares clave de Iguala y en el centro de coordinación de seguridad.

En 2015, Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa en ese entonces, garantizó que el ejército no tenía ninguna responsabilidad en los hechos ni por acción ni por omisión. Los datos obtenidos por la Comisión de la Verdad dicen lo contrario.

Según explicó su presidente, Alejandro Encinas, seis de los 43 estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega algunos días y presuntamente entregados al comandante de la base militar en Iguala, quien habría ordenado su ejecución.

Mensajes telefónicos divulgados por la Comisión, parcialmente tachados, apuntan a que hubo soldados que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala. El diario Reforma, que obtuvo una versión íntegra del texto, afianza esa versión.

LOS DETENIDOS

Este mes fueron detenidos tres militares, entre ellos uno que estaba a cargo de la zona en esos momentos, José Rodríguez Pérez. Poco después de los hechos, fue ascendido a general y ahora está retirado y acusado de delincuencia organizada. Según Encinas él fue quien presuntamente dio la orden de matar a seis de los estudiantes.

La detención de mayor calado político se llevó a cabo en agosto: la de Murillo Karam, actualmente procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia porque, según la acusación, inventó una versión “oficial” para ocultar la verdad, la llamada “verdad histórica”.

Otro miembro del ejército, el capitán José Martínez Crespo, había sido detenido en 2020.

La fiscalía acaba de retirar órdenes de captura contra 16 militares supuestamente involucrados, según documentos publicados por el diario El País, lo que preocupa a las víctimas. Ese departamento no contestó a una solicitud de comentarios ni ha ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos de esa decisión.

Encinas dijo que la versión oficial, obtenida con base en declaraciones bajo tortura y manipulación de pruebas, “se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal”, incluidas reuniones en la Presidencia de la República, entonces en manos de Peña Nieto.

En la versión pública del informe de la Comisión aparecen las siglas EPN como uno de los personajes mencionados en los mensajes interceptados. Según el diario Reforma, el mandatario intentó proteger al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente encarcelado.

Expertos internacionales denunciaron en marzo que documentos y videos de inteligencia ocultos durante años muestran que la Armada participó en la ocultación de la verdad y que algunas torturas se realizaron en sus instalaciones.

PROCESO JUDICIAL

El caso Ayotzinapa es una maraña de 28 causas penales repartidas por siete estados donde los encausados pueden estar en varias de esas causas a la vez. Luego de ocho años, nadie ha sido condenado.

Según un recuento de Santiago Aguirre, director del Centro Prodh —un organismo activista— y abogado de los padres de los estudiantes, unas 50 personas están ahora encarceladas, entre ellas 4 militares, el exprocurador Murillo Karam, el entonces alcalde de Iguala, numerosos policías y otras personas.

La actual fiscalía informó en agosto de 80 nuevas órdenes de captura, pero la mayoría eran personas que ya estaban en prisión y se les fincaban nuevos cargos, explicó Aguirre.

Días después se anularon parte de esas órdenes de captura de quienes estaban todavía en libertad, entre ellos militares y altos funcionarios de Guerrero. A las víctimas les preocupa que aparentemente la fiscalía federal está dejando de lado al equipo especializado en el caso.

El jefe de la investigación de aquel momento, Tomás Zerón, es uno de los prófugos. Está escondido en Israel, y México trabaja para lograr su extradición.

Debido a las torturas de testigos y otras irregularidades, decenas de procesados han sido absueltos de algunos cargos, pero siguen presos por otros.

La Comisión de la Verdad dijo que uno de los 43 desaparecidos era un informante militar, lo que hace que el ejército tenga una responsabilidad añadida por no protegerle.

Aguirre, el abogado de los padres de los estudiantes, agregó que los expertos internacionales acreditaron que había otro infiltrado que no desapareció, y del que el gobierno no ha informado.

En entrevista con The Associated Press, Aguirre señaló que la existencia de informantes dentro de la escuela demuestra que el ejército mexicano, aún “en democracia, sigue acudiendo a métodos de la ‘guerra sucia’, con prácticas no reguladas ni aceptadas”, algo que considera muy preocupante ante el creciente poder que López Obrador está dando a las fuerzas armadas. En México se conoce como “guerra sucia” a un período de medidas de represión militar y política en las décadas de 1970 y 1980 para disolver movimientos armados opuestos al Estado mexicano.

Familiares de Julio César Mondragón, uno de los seis asesinados en el caso Ayotzinapa y brutalmente torturado, han pedido investigar también a dos líderes estudiantiles que promovieron que los jóvenes fueran a Iguala;  ahora uno de ellos es diputado federal por el partido oficialista Morena, y el otro trabaja para el gobierno de Guerrero.