En el aeropuerto de Cancún, agentes de EU deciden el ingreso de viajeros extranjeros

Anderson Caviedes miraba por el cristal y se culpaba una y otra vez por no haber introducido un par de billetes de 100 dólares en su pasaporte, cuando horas antes se lo entregó al agente de migración. Ya conocidos suyos le habían dicho que lo hiciera en el puesto de Migración, cuando aterrizara en el aeropuerto de Cancún.

Estaba convencido de que, de haberlo hecho, ya estaría fuera de la terminal aérea junto con su hermano, continuando su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, y no encerrado bajo llave en una sala del aeropuerto.

Ambos colombianos –oriundos de Yopal, Casanare– habían llegado a Cancún ese miércoles 15 de junio en un vuelo de madrugada de la aerolínea Volaris, proveniente de Bogotá. Pero una vez en suelo mexicano los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les impidieron el ingreso al país, determinando su regreso a Colombia en la misma aerolínea en la que habían llegado. Tras ser rechazados fueron conducidos a lo que el INM denomina la “Sala de tránsito”, al interior del mismo aeropuerto, donde debían esperar su vuelo de regreso y donde los encontré horas después, cuando yo también fui conducido a esa misma sala.

La “Sala de tránsito” de la terminal aérea es básicamente una bodega helada con nula visibilidad hacia el exterior, sin posibilidad de luz ni ventilación natural, cerrada bajo llave, que sólo pueden abrir los oficiales del INM.

Ahí adentro aguardan los viajeros inadmitidos en México en colchonetas roídas, con cobijas de aluminio, o en sillas desbarajustadas, con comida racionada y la mayor parte del tiempo sin agua potable.

Absolutamente incomunicados desde el momento en que se les notifica que irán a una “segunda revisión” hasta que finalmente abordan el vuelo de regreso, entre 24 y 72 horas después. Una pesadilla para un claustrofóbico, que lo soy. “¿Esto no le parece inhumano?”, le pregunté al agente del INM que me conduciría a ese espacio. “Nosotros no ponemos las instalaciones ¿Le parece que mi estación de trabajo cumple con unas condiciones dignas?”, me respondió.

Aterricé en Cancún hacia el mediodía del miércoles 15 de junio. Tenía boletos comprados de ida y regreso desde Bogotá, reserva pagada en su totalidad en un hotel de la ciudad y un par de tours en la Riviera Maya, pagos para lo que sería un viaje turístico entre amigos.

Ante el agente de migración nos presentamos siete personas. Después de un par de preguntas de rutina, a mis compañeros de viaje se les selló su pasaporte y se les permitió el ingreso. A mí me informó el oficial que sería conducido a una oficina para resolver una inconsistencia en mis papeles.

Tan pronto ingresé a esa oficina se me pidió que apagara el celular y lo entregara, y lo amarraron con una liga a mi pasaporte. Allí permanecían alrededor de 30 viajeros en la misma situación. Por ley en ese espacio sólo se puede permanecer por máximo cuatro horas, lapso en que el INM debe definir la situación de cada persona. A algunos, al cabo de un par de horas y luego de firmar un documento sin mayores explicaciones, se les permite su ingreso al país.

Otros, frente a los cuales el INM tiene sospechas, son llamados a segunda entrevista, en donde se les pregunta: cuántos días permanecerán en Cancún, en qué hotel se hospedarán, qué lugares turísticos visitarán, cuánto dinero traen en efectivo, si son titulares de tarjetas de crédito o no, a qué se dedican en sus países de origen, cuánto ganan, y demás preguntas que les permitan cerciorarse de que en efecto el propósito del viaje es turístico y no una parada en su camino a la frontera con Estados Unidos, buscando cruzarla irregularmente.

Lo curioso es que, junto a los agentes del INM, debidamente identificados, se encontraba otro funcionario, de origen estadunidense, vestido de civil, que también revisaba documentos, hacía preguntas y era quien revisaba el celular de los viajeros: su WhatsApp, su perfil de Facebook, su galería de fotos. Después sabría, porque lo explicó un propio agente del INM, que ese funcionario era de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Su presencia en ese espacio no ha sido documentada públicamente en México.

Cuando fue mi turno de responder la entrevista, estaba convencido de tener todo en orden. Sin embargo, fue el agente del CBP quien me notificó que mi visa de turista en Estados Unidos actualmente estaba cancelada y así lo escribió con marcador negro en la visa de mi pasaporte. Acto seguido, una agente del INM me notificó que no se me permitiría el ingreso a territorio mexicano.

Pese a que la visa americana no es requerida para ingresar a México, la agente me informó que las razones que habían llevado a la cancelación de mi visa en Estados Unidos generaban una alerta migratoria sobre mí, que impedía mi ingreso al país. Las razones por las que mi visa americana fue cancelada no me fueron informadas.

El agente del INM que después explicó la presencia del oficial del CBP allí, también dijo que si un extranjero solicita una visa para entrar a Estados Unidos, y se la niegan, su ingreso a México también quedará prohibido, a través de esa figura de la alerta migratoria.