Nafin y Bancomext: el arte de la opacidad

Desde octubre pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) ordenó en cuatro ocasiones a estas dependencias que levanten el secreto bancario sobre este caso y entreguen los documentos relativos a los créditos, que Proceso solicitó mediante la plataforma nacional de transparencia.

En dos, Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, consiguió suspensiones mediante juicios de amparo, con el argumento de que entregar la información representaría una “grave violación a sus derechos sustantivos”; en las otras dos, Bancomext contrató por 600 mil pesos a un despacho de abogados para interponer juicios de amparo en su nombre.

Tanto Banco Azteca como Salinas Pliego estuvieron involucrados en el Proyecto Kimora, la operación de compraventa de Grupo Fertinal: el banco y Arrendadora Internacional Azteca, otra empresa de Grupo Salinas, eran unos de los acreedores de una deuda de 406 millones de dólares que Pemex absorbió cuando compró la empresa y el multimillonario controlaba 29 por ciento de sus acciones mediante sociedades de papel instaladas en Suecia y Bélgica (Proceso 2229).

En uno de los dos contratos de crédito, celebrados el 22 de diciembre de 2015, Banco Azteca aportó 127 millones 600 mil dólares, mientras Nafin y Bancomext participaron en los dos contratos y aportaron 507 millones 400 mil dólares en total; el préstamo –del que Pemex se hizo garante– establecía que la empresa de fertilizantes era “solvente” y que sus estados financieros eran confiables, lo que resultó falso.

Pemex y la Secretaría de la Función Pública (SFP) han documentado que la compraventa de Grupo Fertinal se llevó a cabo con “irregularidades probadas” y que en la operación “se defraudó al Estado”: el 5 de marzo de 2019 la petrolera interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por un presunto sobreprecio de 193 millones de dólares.

La SFP, por su parte, impuso multas por 3 mil 820 millones de pesos a Édgar Torres Garrido, quien fue asesor de Emilio Lozoya y director de Pemex Fertilizantes, e instruyó a los Órganos Internos de Control (OIC) de Nafin y Bancomext para que “investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la participación de esas instituciones financieras en las operaciones crediticias relacionadas con el contrato”.

En noviembre pasado este semanario documentó que Nafin –entonces dirigida por Jacques Rogozinski Schtulman– pasó por alto su propia normatividad cuando otorgó el préstamo: Su consejo directivo aprobó una “excepción normativa”, ya que “la adquisición de acciones y el refinanciamiento de pasivos no están previstos en el manual de crédito” (Proceso 2245).

Obstáculos

En el sistema nacional de transparencia la petición de información se hace entre un ciudadano y un sujeto público obligado bajo el arbitraje del INAI, que es la autoridad que determina la validez de las solicitudes; una reforma de 2014 otorgó a sus decisiones el carácter de “definitivas e inatacables”.

Aparte de los amparos de Banco Azteca, Bancomext tomó iniciativas propias para ocultar la información. Los pasados 28 de noviembre y 8 de enero la dependencia adjudicó dos contratos de 200 mil pesos y 400 mil pesos –más IVA– al despacho de abogados Morales Heyser y Asociados, SC, para “la contestación, atención y seguimiento hasta su total conclusión” de juicios de amparo indirectos contra las resoluciones del INAI, con el único propósito de no entregar los documentos.

De acuerdo con estos contratos, que Proceso obtuvo a través del sistema de transparencia, Bancomext realizó ocho pagos al despacho para llevar a cabo los amparos; en sus “Propuestas de Servicios y Cotización de Honorarios” –que Bancomext entregó prácticamente tachadas del todo–, la firma recordó que la justicia ha determinado en el pasado que las dependencias y funcionarios no tienen “interés jurídico” para interponer amparos contra resoluciones del INAI.

Los obstáculos que puso Bancomext no terminaron ahí: el pasado 17 de febrero el INAI ordenó a la dependencia que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, entregara al reportero los avalúos de Grupo Fertinal con base en los cuales se estableció el precio inflado que Pemex pagó por la empresa.

El plazo para que Bancomext liberara la información vencía el lunes 2; sin embargo, el 21 de febrero la subdirectora Jurídica del Corporativo Bancomext solicitó al INAI una prórroga de 10 días hábiles “con la finalidad de estar en posibilidad de dar cumplimiento a la resolución indicada al rubro”.

Con el nuevo plazo, la dependencia tuvo hasta el lunes 16 para entregar los avalúos.

De manera inexplicable el jueves 12 un juzgado decidió una suspensión provisional para frenar la entrega de la información. Sin el plazo extra de 10 días, Bancomext no hubiera tenido otra opción que entregar la información, pues ninguna decisión judicial se lo impedía todavía.

Informada sobre la maniobra de Bancomext para ganar tiempo, el OIC del banco de desarrollo tomó cartas en el asunto y el martes 17 abrió la investigación 2020/BANCOMEXT/DE8.

Secreto bancario

El ocultamiento de la información en Nafin y Bancomext se inició durante la gestión de Eugenio Nájera Solórzano en la banca de desarrollo y continuó con su sucesor Carlos Noriega Romero, a partir del miércoles 4. Ambos son cercanos a Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Las resistencias empezaron a raíz de cuatro solicitudes de información, que Proceso envió a Nafin y Bancomext en julio y octubre pasados: En las primeras dos se pidieron los expedientes de los dos créditos otorgados a Grupo Fertinal, Pemex y PMX Fertilizantes del Pacífico en diciembre de 2015; en las otras dos se pidió copia de avalúos utilizados para autorizar los créditos.

En su informe 468-DE, publicado en enero de 2018, la Auditoría Superior de la Federación observó que entre 2010 y 2013 Grupo Fertinal reevaluó en cuatro ocasiones sus activos, con lo que agregó 690 millones dólares a su valor de compra. Sin estas revaluaciones, abundó el ente fiscalizador, “el capital contable de la empresa sería negativo”.

La consultora PriceWaterhouseCoopers determinó, previo a la adquisición de la empresa por parte de Pemex, que “no es común que el valor de la maquinaria se revalúe varios años, ya que no hay razones aparentes para que aumente el valor de estos activos”.

En las cuatro solicitudes de información mencionadas, Nafin y Bancomext se negaron a entregar los documentos en primera instancia, aludiendo que son “confidenciales” por estar amparados por el secreto bancario. Proceso impugnó sus respuestas y en noviembre y febrero pasados el INAI analizó los casos.

Tras elaborar amplios alegatos, el organismo determinó que existe un “fin constitucionalmente válido para dar a conocer los documentos” y resaltó que “la publicidad de la información debe prevalecer frente a su confidencialidad del secreto bancario”; además, planteó que “la información reviste un interés especial, pues se relaciona con la adquisición irregular de una empresa orientada a la explotación de recursos naturales”.