Liberan a ‘matapolicías’

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). acusan a los jueces del Poder Judicial de Estado de Tamaulipas (PJET) de ser corruptos y liberar a presuntos integrantes del crimen organizado de la frontera norte. 

El caso que detonó mayores señalamientos ocurrió ayer en Victoria, la capital de Tamaulipas. Por la mañana del sábado 31 de octubre, hombres armados asesinaron al delegado policiaco en Reynosa, Tomás Charles Ortiz, cuando estaba franco dentro de un vehículo afuera de una farmacia.

El delegado Charles Ortiz fue asesinado de balazos en la cabeza sentado en el asiento del copiloto de una camioneta Jeep. Su hermano Alejandro también fue víctima de homicidio y su cuerpo quedó fuera de la camioneta, al pie de la puerta.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió una carpeta de investigación por el homicidio sucedido en la colonia Burócratas, de Victoria.  Agentes de la Policía Investigadora y peritos revisaron la zona del crimen y recolectaron indicios del asesinato violento. 

La ejecución del comandante Charles Ortiz desató las acusaciones de los policías. Los elementos afirman que el asesinato fue cometido por integrantes del Cártel del Noreste en respuesta a la detención y puesta a disposición de cuatro hombres en Miguel Alemán. Empero, el juez José Arturo Córdova Godínez los dejó en libertad.

Fuentes oficiales indican que los hombres fueron detenidos por ser los presuntos responsables de homicidios y generar violencia en la frontera chica. Entre los señalados está un ex elemento de la Policía Estatal que, de acuerdo con información extraoficial, desertó para unirse a la delincuencia organizada.

Además de los señalamientos por el asesinato del comandante Tomás Charles, policías también expresaron su molestia por la liberación de diez hombres presuntos integrantes de una organización delincuencial, que fueron detenidos por policías estatales dentro de una propiedad privada en Matamoros a mediados de octubre. 

 Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, fue señalado como responsable de dejar en libertad a las personas a pesar de las pruebas presentadas. 

La Fiscalía General de Justicia tamaulipeca apeló la decisión del juez. La determinación judicial se basó en la inexistencia de una orden de cateo para ingresar al domicilio por parte de los policías que llevaron a cabo la acción, informó personal judicial.

El lunes 12 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas informó que el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) detuvo a 10 hombres en el interior de un taller de la colonia Treviño Zapata de Matamoros. En el mismo hecho se decomisaron armas largas, sustancias con características de cocaína, metanfetamina cristal y hierba con propiedades de mariguana y dos vehículos con reporte de robo.

La narrativa oficial expuso que la noche del 8 de octubre, los policías estatales de élite detectaron una camioneta Mazda con reporte de robo cuyo conductor tripulaba con exceso de velocidad en la colonia Treviño Zapata.

“Se inició una persecución que concluyó en un taller donde dos sujetos -uno de ellos con arma larga- descendieron de la Mazda y se internaron en el establecimiento alertando a los que estaban dentro. Ahí se encontró un Porsche con reporte de robo y una camioneta en la que había varias personas”, indicó el comunicado. 

La SSP aseguró que los agentes encontraron un arma larga con cargadores, siete teléfonos celulares, paquetes con hierba verde y seca, bolsas transparentes con sustancia con propiedades de metanfetamina cristal y envoltorios con polvo propio de la cocaína sobre una mesa dentro del taller mecánico. 

De acuerdo al Sistema de Justicia Penal, los jueces toman decisiones con base en las pruebas que entregan los agentes del Ministerio Público, parte de las mismas son aportadas por los elementos policiacos que realizan los operativos y las detenciones. 

Asimismo, los jueces toman en cuenta las condiciones en que se desarrollaron las detenciones y puestas a disposición. Uno de los preceptos legales más importantes es la jurisprudencia respecto a los objetos y sustancias que se obtienen sin una orden de cateo emitida por la autoridad judicial, con base en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007.

“…las actuaciones y probanzas cuyo origen sea un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales y por tanto, sin valor probatorio en términos del señalado artículo 61, carecen de existencia legal, pues de no haberse realizado el cateo, tales actos no hubieran existido”, sentencia el documento legal.

Al cierre de la edición, ni el Poder Judicial del Estado y tampoco la Secretaría de Seguridad Pública, ambas instancias tamaulipecas, se pronunciaron respecto los dichos de policías contra jueces estatales.