Las reformas que no serán

CIUDAD DE MÉXICO

Desde el 17 de marzo, ante la creciente solicitud de amparos y el otorgamiento de suspensiones judiciales por la reforma eléctrica, el Presidente reconoció que el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Advirtió entonces que, si los ministros declaran inconstitucional la Ley Eléctrica que propuso y que aprobó el Congreso, buscaría una reforma de mayor calado para imponer su visión en el sector.

"Estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, Magistrados, Ministros, que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución", dijo. "No puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y, sobre todo, afecten la economía de los más pobres".

Desde entonces, reconoció que, para concretar su plan, su partido y otras fuerzas políticas aliadas tendrían que conseguir suficientes votos en las urnas para mantener la mayoría calificada que hoy tienen en San Lázaro los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y el PES. "Necesitamos dos terceras partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decida el pueblo", expresó entonces.

"Qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción; nada más que el pueblo es sabio, es un pueblo con un instinto certero, sabe lo que está sucediendo por más campañas que haya". El 26 de abril, la Corte dio entrada a la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de Oposición y hasta de Morena, para tratar de invalidar la reforma que busca dar preferencia a la CFE.

La Ley de la Industria Eléctrica ha sido considerada por expertos como la más controvertida hasta el momento en el Poder Judicial. Durante el mes de mayo, el Presidente recibió en Palacio Nacional, en dos ocasiones, al presidente de la Corte Arturo Zaldívar. En otra oportunidad, también se reunió con los Ministros Yasmín Esquivel y Luis González Alcántara. Tras los encuentros privados, el propio López Obrador reconoció públicamente que cabildeó ante los juzgadores a favor de sus reformas al sector energético. Hasta el mes pasado se tenían contabilizados unos 120 amparos y más de 84 suspensiones contra Ley Eléctrica.

¿Y los autónomos?

En caso de perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Jefe del Ejecutivo también perdería la oportunidad de desaparecer, eliminar o fusionar a los denominados órganos autónomos que tanto ha cuestionado. Desde enero, el Presidente anunció que alista un proyecto de "reforma administrativa" con la mira puesta en unos 200 organismos públicos, que cuestan al erario --dijo-- unos 500 mil millones de pesos al año. De entrada, el Mandatario detalló que pretende eliminar las instituciones que podrían estar duplicando funciones al interior del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, lo que generó preocupación en la Oposición y organizaciones de la sociedad civil fue su intención de ir contra órganos autónomos como los institutos Nacional Electoral (INE), Nacional de Transparencia (INAI) y Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de las comisiones Federal de Competencia (Cofece) y Reguladora de Energía (CRE). Sin embargo, para poder concretar sus planes, el Presidente tendría que impulsar varios cambios constitucionales, para los que requiere de una mayoría calificada que no alcanzaría ahora en San Lázaro, ni ha tenido, desde 2018, en el Senado.

En el caso particular del INE, López Obrador rechazó públicamente la posibilidad de que el órgano electoral forme parte del Poder Ejecutivo, como cuando dependía de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, adelantó que le gustaría que se integrara al Pode Judicial, aunque no especificó a través de qué figura. El INE tiene asidero constitucional en el articulo 41, en el que se establece que es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. El INAI tiene base constitucional en el artículo sexto, mientras que el IFT, la Cofece y la CRE, en el artículo 28.