Investiga fiscalía nuevos sobornos

Ciudad de México.

Los cargos de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el que fuera director de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, entre 2012 y 2016, no dejan de crecer. El expediente sobre Lozoya incluye indicios de posibles nuevos sobornos, ahora procedentes de empresas ligadas a la constructora española OHL, que se vio beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según documentos a los que han tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y El País. En documentos recopilados por la Fiscalía, aparecen transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario final a Lozoya en el banco suizo UBS, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales españolas han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Estas transferencias se suman a los 10.5 millones de dólares que antiguos ejecutivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y a los 3,4 millones de dólares que la Fiscalía ha denunciado que el exdirector de Pemex recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta en desuso de fertilizantes. Un reporte interno elaborado por UBS en junio de 2013 designa a Lozoya como gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos ya apuntan que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

Emilio Lozoya, arrestado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio del mismo año, está acusado de recibir sobornos de Odebrecht utilizados durante la campaña presidencial de Peña Nieto, que le promovió a la dirección de Pemex, y para la compra de voluntades en el Congreso. Lozoya fue consejero de OHL entre octubre de 2010 y marzo de 2012 y hasta agosto de 2012 había sido consejero, a su vez, de Infoglobal, otra empresa ligada a la constructora española.

OHL son las iniciales de Obrascón Huarte Lain, los nombres de tres constructoras españolas que en 1999 se fusionaron bajo la presidencia de Juan Miguel Villar Mir y que logró expandir su presencia a 17 países de Europa y América. En 2019, después de diversos escándalos mediáticos de presunta corrupción, OHL se fragmentó. La división de concesiones de carreteras en México fue adquirida por el fondo australiano IFM Investors y adoptó el nombre de Aleática, en tanto que el Grupo Villar Mir, matriz del grupo a la que pertenecía OHL, se quedó con la división de construcción, e integró a inversionistas mexicanos de la familia Amodio.

Cuota de 1,9 millones de dólares por obra en México

En los documentos bancarios de Suiza, en poder de MCCI y EL PAÍS, aparecen en total 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por 3 compañías vinculadas a OHL o a sus socios. La mayor transferencia, por 1,9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fantasma, creada por el despacho de los Panama Papers y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.

Con Lozoya al frente, Pemex asignó contratos a OHL

En el transcurso de 2013, cuando Lozoya era su director, Pemex asignó tres contratos a OHL por 2.396 millones de pesos (unos 184 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), pese a que había sido consejero de la constructora entre octubre de 2010 y marzo de 2012 y hasta agosto de 2012 había sido consejero de Infoglobal, a través de SIA Capital.

Ninguno de los vínculos de Lozoya con la constructora española fue obstáculo para que Pemex les otorgara contratos. El primero de ellos, en abril de 2013, ascendía a más de mil millones de pesos en la refinería Francisco I Madero, en Tamaulipas. Una adjudicación que se realizó antes de que se cumpliera un año de la separación de Lozoya del consejo de OHL, con lo que se habría violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de México. 

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