Falta capacitación en nuevo sistema penal. No quieren exponerse en audiencia pública

Reynosa, Tam.- Personal de la Fiscalía, Defensoría Pública e Instituto de Atención a Víctimas del Delito, coincidió en señalar que son varios los factores principales que han incidido en la disminución del trabajo o participación de los abogados litigantes en procedimientos penales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Como puntos fundamentales mencionaron la falta de capacitación de los abogados particulares en los nuevos procedimientos penales, el pánico escénico que les inhibe a presentarse en audiencias públicas, donde estarán bajo escrutinio y el incremento de defensores públicos que al parecer ahora si están cumpliendo con sus funciones de manera eficiente.

Debido a la restricción existente en la coordinación regional de la Procuraduría de Justicia en cuanto a dar declaraciones a los medios de comunicación, los entrevistados pidieron como condición el anonimato para expresar sus opiniones sobre el tema.

Recordaron que hasta la entrada de lleno del nuevo sistema de justicia penal se observaba litigando en la coordinación regional de la Procuraduría de Justicia del Estado a un promedio de 50 abogados particulares por día, y ahora cuando mucho son 10 ó 15.

Si bien esos 10 ó 15 abogados particulares actualmente inician denuncias o querellas de sus clientes, por lo general la mayoría de ellos le rehuye al caso cuando no se llega a un arreglo conciliatorio entre las partes en litigio y el asunto se va a la solución por la vía judicial.

En este punto, explicaron, los litigantes privados se hacen a un lado y dejan que el abogado victimal o el defensor público continúen con el caso, que hagan el trabajo que a ellos les correspondía, porque no quieren exponerse en audiencia pública, que quede en evidencia su falta de capacitación, con el riesgo de que el juez le llame la atención o solicite su remoción en plena audiencia.

El juez puede requerir o amonestar al defensor privado (y al defensor público también), si ve que no está haciendo una buena representación, que está afectando el interés de la víctima o del imputado, agregaron.

En contraparte, destacaron también han observado excelentes actuaciones de defensores privados en las audiencias públicas donde se maneja la oralidad como principio básico en la exposición y debate de los casos.

La capacitación siempre ha sido la parte medular en la abogacía, como en la medicina, si el litigante no estudia y actualiza se queda atrás, rezagado.

El nuevo sistema, apuntaron, presenta retos constructivos en los que se puede aportar y aprender mucho en cada caso en particular, pues aunque sea el mismo delito, cada uno presenta matices distintos que hay que ver por todos los frentes para planear la estrategia defensiva y ganar.

Dejaron entrever que los defensores públicos (antes llamados defensores de oficio), tienen ventaja sobre los defensores privados, ya que han sido capacitados de antemano en la materia y continuamente asisten a audiencias públicas.

No es que los defensores públicos sean mejores que los defensores privados, lo que pasa es que tienen muchas audiencias y se van enseñando; la práctica les permite adquirir más experiencia y mayor habilidad, subrayaron.

Por otra parte, compararon que antes eran muy pocos los defensores de oficio asignados a la coordinación regional de la Procuraduría, quienes se saturaban de casos y presentaban resultados deficientes.

Ahora existen dos defensores públicos para cada Unidad General de Investigación (UGI), las cuales en conjunto suman un total de ocho UGIs, incluidas las especializadas en delitos de violencia familiar, robos, secuestros y menores.

Eso les permite una mayor cobertura de casos y que los defendidos se sientan representados en tiempo y forma, lo cual deriva en que sean aceptados como tales por los acusados, además de que su defensa no significa costo económico alguno.