‘Estancados’: frenan juicios contra priístas

Los últimos avances en los casos contra altos cargos del PRI se han producido más en el terreno superficial de las sanciones administrativas, golpes impulsados por el gobierno, que en las decisiones de fondo de los tribunales. 

Esta semana se conocía también que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, prepara la sexta denuncia contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

Los dos movimientos contrastan con la opacidad y falta de transparencia con la que se desarrolla el proceso judicial contra Lozoya, detenido hace más de un año, así como el estancamiento del juicio contra la exsecretaria Rosario Robles, la única mandataria priísta en prisión por la mega trama de corrupción conocida como la Estafa Maestra. 

Todo esto, en medio de una resaca electoral que ha colocado al PRI en una posición privilegiada como posible socio de Morena en el Congreso y con la consulta para juzgar a los expresidentes, prevista para el 1 de agosto, como nuevo hito en el horizonte cercano.

Hasta en dos ocasiones ha presentado ya la Fiscalía General de la República (FGR) una orden de detención contra Videgaray por el caso Odebrecht, según un informe filtrado en noviembre. En ambas ocasiones, los jueces las han desestimado de momento por cuestiones de forma, pero el cerco de la Justicia se estrecha cada vez más contra el que fuera canciller, secretario de Hacienda y jefe de campaña de Peña Nieto en 2012, sobre el que también sobrevuela la diana de la fiscalía.

El nudo del proceso judicial sobre la ramificación de la red de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht también permanece paralizado. Lozoya fue detenido en febrero del año pasado en una urbanización de lujo en España. Extraditado a México el 29 de julio, el exdirector de Pemex fue finalmente imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.