El Estado, pasmado ante la delincuencia

PROCESO

Explica: “El tráfico de drogas ilegales nació subordinado a la política desde los tiempos de la Revolución Mexicana y así continuó en el Estado posrevolucionario. Los traficantes fueron simultáneamente contenidos, extorsionados, controlados, combatidos en caso necesario y protegidos por el aparato político y de seguridad del Esta”, señala.

Y anota en su nuevo libro, “¿Qué querían que hiciera?” Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón (2015): “En el gran campo del poder, los traficantes dominaban en su propio campo pero estaban en posición de dominados frente al poder político”.

Según Astorga, el Estado se impuso ante los grupos criminales desde la década de 1940 por medio de un “aparato político-policiaco” que fue desmantelado con la desaparición de la represiva Dirección Federal de Seguridad en 1985 y como resultado de la profunda reconfiguración de la clase política a la par de la diversificación del mercado de drogas a escala mundial.

Estas condiciones causaron en las últimas tres décadas “un cambio en la relación de subordinación y los traficantes empezaron a adquirir una mayor autonomía respecto del poder político.

“Al debilitarse el Estado y sus mecanismos de control, las organizaciones criminales entraron en un proceso de lucha violenta por la hegemonía en el campo criminal. Hubo reconfiguración de los dos campos, las relaciones entre ambos se modificaron”, dice. “Pasaron de la subordinación histórica en la que los traficantes tenían tres opciones si no aceptaban las reglas del juego del sistema autoritario –salir del negocio, ir a la cárcel o morir–, a los intentos de realizar cambios cualitativos en la correlación de fuerzas”.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Es importante comprender, apunta, que el proceso de desmantelamiento de los controles políticos y policiales que mantuvieron a las organizaciones criminales subordinadas al Estado mexicano fueron el resultado de un proceso iniciado 15 años antes de la llegada del PAN al poder, en 2000.

“Y más que un desafío a un gobierno en particular, la delincuencia organizada –particularmente las poderosas organizaciones de traficantes y las de tipo mafioso-paramilitar– se fue convirtiendo en una amenaza al fragmentado y débil Estado mexicano y a la sociedad”.

Su libro “¿Qué querían que hiciera?” –título tomado de una declaración con la que Calderón intentó justificar su agenda– trata de explicar cómo la supuesta “guerra” contra el narcotráfico emprendida por el gobierno calderonista, fue respaldada públicamente por gobernadores, ONG, intelectuales y múltiples actores de la sociedad civil.

Aunque sin duda le atañe a Calderón “una responsabilidad política por una decisión que sólo el presidente puede tomar, debido a sus facultades y obligaciones”, para Astorga no es posible atribuir al poder presidencial todo lo ocurrido durante ese sexenio.

“¿Los gobernadores de distintos partidos no tuvieron ninguna responsabilidad en la situación de inseguridad en sus estados, por la solicitud de intervención de las fuerzas federales, o por los homicidios en sus entidades? ¿La decisión presidencial lo hace responsable (a Calderón) de todos los homicidios dolosos, desde el primer decapitado, desollado, diluido en ácido, desmembrado y destrozado a balazos, hasta el último? Esas y muchas otras preguntas habría que hacer y responder para evitar la sobresimplificación de un drama nacional que continúa”.

Del mismo modo, mientras con frecuencia se acusa a los gobernantes de actuar en total complicidad con los delincuentes, Astorga afirma que debe definirse con mayor cuidado al Estado y a los distintos actores de la clase política.

“Hay quienes gobiernan y no son corruptos y otros que sí lo son. Hay quienes quieren y tratan de aplicar la ley y otros que no. Hay quienes respetan la ley y los que no. Hay grupos políticos, policiales, empresariales y otros de la sociedad civil que están coludidos con grupos criminales y otros de todos esos campos que no”, dice. “¿Cómo medir eso con un mayor grado de certeza? Teniendo un mejor sistema homogeneizado en el país de recopilación de datos estadísticos con categorías claras de lo que se quiere medir. No politizando la tragedia humanitaria”.

EL JUICIO FINAL

Al recordar las numerosas críticas que recibió el poeta Javier Sicilia, entonces líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, al reunirse con el presidente Calderón para discutir la problemática estrategia antidroga del gobierno federal, Astorga matiza:

“Sicilia entendió el principio de la corresponsabilidad política, fue de los pocos críticos que señaló claramente que también las organizaciones criminales tenían una gran responsabilidad, y que la solución no podía venir sólo del gobierno federal sino de una participación social más amplia”.

Sin embargo, observa, el juicio final sobre la responsabilidad de Calderón está aún por llegar: “Para la parte de la sociedad civil que no reconoció el resultado oficial de las elecciones Calderón nunca será un interlocutor legítimo, para el resto sí. La Corte Penal Internacional de La Haya decidirá si está suficientemente sustentada la denuncia para dar su fallo”.