Buscan detener prácticas ilícitas
Septiembre 30, 2015 -
Toman acciones legales contra consorcio de abogados de inmigración
La demanda es en contra de Paul A. Esquivel, PLLC, Paul Esquivel, PC, JCP Law Firm and Associates, PLLC, JCP Law Office, PC y su propietaria Olivia Martínez, y el abogado Juan Carlos Peñaflor, por involucrarse en actos fraudulentos y engañosos en sus servicios de inmigración.
El escrito legal del Estado, presentado ante una Corte de Distrito acusa a los demandados de violar la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas (DTPA) y el Código de Organizaciones Empresariales de Texas.
Paul A. Esquivel, un abogado de inmigración, quien recientemente quedara inhabilitado para practicar la abogacía en Texas y los empleados bajo su dirección, habían estado engañando a consumidores para que creyeran que estaban calificados para solicitar asilo en la Unión Americana y de tal manera inducirlos al pago de miles de dólares.
En realidad, los consumidores no calificaban bajo las leyes de asilo de Estados Unidos, causando perjuicios irreparables a los casos de inmigración de los consumidores. Adicionalmente, sin el conocimiento de los clientes, Esquivel presentó solicitudes de inmigración ante el gobierno que contenían información falsa.
Más de la sección
La investigación del Estado reveló que el demandado buscaba asilo en nombre de la mayoría de sus clientes a pesar de que él había sido contratado para otros servicios de inmigración.
PERJUICIOS
En una instancia, un hombre casado con una ciudadana de Estados Unidos contrató a Esquivel para tramitar su estado legal a base del estado de su esposa, pero le hicieron pensar a este cliente que su única opción era solicitar el asilo. Esquivel no le informó a este cliente ni a otros que poner información falsa en una solicitud de asilo puede causarles sanciones civiles y penales, y que presentar una solicitud frívola dejará al solicitante permanentemente inelegible para la ciudadanía.
La acción legal de la Procuraduría General busca obtener una orden judicial temporal y permanente en contra de los demandados y sanciones civiles de hasta 20 mil dólares por cada violación de la ley.