‘Venganza’ electoral

Al menos nueve burócratas municipales que trabajaban en la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y en Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Reynosa han presentado denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, por ser despedidos de forma injustificada, tras negarse a apoyar la candidatura de Carlos Peña Ortiz, hijo de la actual alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez. 

Cuando voy a preguntar los motivos me dicen que fue por no unirme al proyecto de Carlos, ‘El Makito’, por no compartir los en vivos ni las publicaciones, ellos consideraron que por eso ya no era útil”. Rebeca Rodríguez, Despedida

“En mi caso, un día mi nomina ya no llegó y cuando voy a preguntar los motivos me dicen que fue por no unirme al proyecto de Carlos, “El Makito”, por no compartir los en vivos ni las publicaciones, ellos consideraron que por eso ya no era útil”, mencionó Rebeca Rodríguez Ramírez una de las afectadas. 

Los extrabajadores forman parte del personal “de confianza” que fue contratado entre las administraciones del 2016-2018 y 2018-2021.

El término de su contrato les fue notificado de diversas formas; a través de sus superiores, el corte a sus pagos habituales y en otros, por mensaje de texto. 

“Mi jefe me notificó que estaba dado de baja por ordenes de Maki, de la doctora, cuando le pregunté las causas no supo contestarme, así que vine a presidencia a recursos humanos y ahí me confirman que estaba despedido, básicamente por cuestiones políticas, por no coincidir en los proyectos del hijo de la alcaldesa, esto es injusto porque ya tenía más de 4 años trabajando en la administración”, mencionó Salvador Pérez Ibáñez.

El término abrupto de su contrato surgió semanas antes de que Peña Ortiz fuera designado como candidato a la alcaldía de Reynosa por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Los afectados relatan que, les pidieron votar a favor de él en encuestas virtuales y compartir sus publicaciones. 

“El inconveniente fue, que no quisimos apoyar al hijo de la alcaldesa, que iba por Morena pese a que ella es del PAN y nosotros también desde hace muchos años, quería que actuáramos bajo su conveniencia”, expuso Luis Salazar. 

“LO VEMOS AL RATO’’

María Teresa Melgar otra de las afectadas expuso que, también buscaron a la alcaldesa Maki, con el afán de resolver la situación. 

“Vinimos a presidencia y la abordamos, solo nos dijo que iba a ver eso al rato, pero no ha hecho nada por nosotros, pese a que hizo un compromiso, nosotros no estamos fallando, la apoyamos en su campaña, en su administración, no es justo lo que está pasando, más porque somos personas vulnerables”.

Por ello afirman que, los que se quedaron trabajando debieron “acatar” las reglas de apoyar al candidato. 

E, abogado de los ex trabajadores Jesus Ulises Montelongo señaló que la lista de afectados asciende a más de 9 personas, solo que por temor a represalias el resto no ha querido proceder. “La ley los respalda y que prohibe que a los trabajadores municipales se les obligue a participar en campañas políticas o que por sus preferencias electorales sean despedidos”.

Durante varias sesiones de cabildo antes de que arrancaran las campañas políticas, el regidor Diego Quezada Rodríguez expuso las quejas, solicitando la comparecencia de los titulares de Sedesol y de participación ciudadana.

Pero hasta el momento no han existido respuestas favorables.

¿Y qué establece la ley electoral?...

9 años de cárcel

 Es delito electoral comprar o coaccionar el voto de los servidores públicos.

 Trabajar en el gobierno no implica la obligación de apoyar a un partido político. 

 Los servidores públicos, al igual que el resto de la ciudadanía, tienen el derecho de votar libremente y de tener la ideología política que cada uno quiera tener.

 Al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña, voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición, se le impondrá una pena de hasta 400 días de multa y prisión de dos a nueve años.

¿Cómo y dónde denunciar?

 Cualquiera de estas prácticas debe denunciarse ante la Fepade, a los números 01-800-833-72-33, para el interior del país.

 También a través de la página www.fepadenet.gob.mx y la app Fepade Móvil.