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Recibe 10 años de cárcel un delincuente sexual

Lo acusan de transportar a menor para participar en actividades sexuales

Hombre guatemalteco sentenciado a 10 años de prisión por transportar a un menor con la intención de participar en actividades sexuales.

SENTENCIADO. La Corte Federal en Brownsville informó a través de un comunicado sobre la condenaRecibe 10 años de cárcel un delincuente sexual

La Corte Federal en Brownsville informó a través de un comunicado que Gildardo Pérez Reyes, de 48 años, fue condenado a prisión federal luego de declararse culpable de múltiples delitos.

Pérez-Reyes se declaró culpable el 13 de mayo de 2019 por participar en conducta sexual con extranjeros, transportar a un menor con la intención de participar en actividades sexuales criminales y posesión de pornografía infantil.

El juez federal de distrito Rolando Olvera Jr. sentenció a Pérez-Reyes a un total de 120 meses en prisión, y se le ordenó además cumplir 10 años de libertad supervisada después de completar su condena en prisión, tiempo durante el cual deberá cumplir con numerosos requisitos diseñados para restringir su acceso a los niños y a Internet. 

También se le ordenará registrarse como delincuente sexual y por no ser ciudadano estadounidense, se espera que se enfrente a un proceso de deportación luego de la sentencia.

De acuerdo a los registros, el 26 de abril de 2018, las autoridades realizaron una parada de tráfico en un vehículo que circulaba por McAllen y Pérez-Reyes conducía y viajaba con una mujer menor. 

Durante la detención, la policía notó discrepancias en sus declaraciones y descubrió que la menor había sido introducida ilegalmente en los Estados Unidos.

A lo largo de la investigación, el hombre admitió que sabía que ella era menor de edad y que estaba involucrada en una relación sexual con ella. Además, Pérez-Reyes también poseía varias imágenes y videos de pornografía infantil contenidos en su teléfono celular.

Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas, y el Equipo Especial de Explotación Infantil del Valle del Río Grande realizó la investigación.

Los fiscales federales adjuntos Ana Cano y Jason Corley procesaron el caso, que fue presentado como parte del Proyecto Safe Childhood, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. 

Dirigido por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil de la División Criminal, Project Safe Childhood reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar a las personas que explotan sexualmente a los niños, e identificar y rescatar a las víctimas.



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