Rayan en la ilegalidad, dicen regidores del PRI

Cd. Victoria, Tam.- El grupo de regidores del PRI en el Cabildo victorense envió un oficio al director de Seguridad, Tránsito y Vialidad local, Efraín García Chávez, para que dé a conocer cuál es el sustento legal de la multa por 868.80 pesos a conductores que circulen entre las 22 y las 5 horas, durante el doble No Circula o sin cubrebocas en la vía pública.

El artículo 43 del Código Municipal es muy claro acerca de las facultades que tiene el Ayuntamiento, sobre todo en este tipo de cuestiones y si ellos van a justificarse en algún convenio que hayan firmado con la Coepris se nos debió haber informado* Horacio Reyna de la Garza, regidor del PRI

“Presentamos un oficio al director de Tránsito pidiéndole que se suspendiera este tipo de multas que estaban en la ilegalidad y que debían de respondernos cuál era la fundamentación jurídica, porqué estas no habían pasado a través del Ayuntamiento”, informó el coordinador de regidores del Partido Revolucionario Institucional, Horacio Reyna de la Garza.

“Lo que más nos duele a nosotros es que haya sido a espaldas de los ciudadanos, viernes, sábado, domingo y lunes y nadie había salido a dar la cara y decir que se iban a aplicar este tipo de multas”, dijo el regidor tricolor; “es un ejercicio que nos pareciera que es meramente recaudatorio, que no tiene otro interés que no sea eso y nosotros lo lamentamos mucho ya que carece de toda legalidad”.

Reyna de la Garza conminó a la ciudadanía que haya resultado afectada a que acuda al Tribunal de Justicia Administrativa Municipal para presentar su denuncia.

“El artículo 43 del Código Municipal es muy claro acerca de las facultades que tiene el Ayuntamiento, sobre todo en este tipo de cuestiones y si ellos van a justificarse en algún convenio que hayan firmado con la Coepris se nos debió haber informado”, advirtió.

Las sanciones se remiten al acuerdo gubernamental publicado el jueves dos de julio en la edición vespertina del Periódico Oficial de Tamaulipas donde se plantean medidas como la suspensión de trabajos, labores, servicios y se reduce la movilidad ciudadana en un horario de 22 a las 5 horas del día siguiente.

Dicho acuerdo faculta a los ayuntamientos para que actúen como autoridades auxiliadoras para el cumplimiento de dichas medidas, ‘y en su caso, la aplicación de la sanción que administrativamente corresponda’.