Propone la Corte jueces migratorios
Calificarían la legalidad de la detención de extranjeros, en particular los que permanecen en las estaciones migratorias
Ciudad de México
La Ministra Margarita Ríos Farjat propuso a la Primera Sala de la Corte declarar que el Congreso ha incurrido en una omisión legislativa inconstitucional, por dejar en manos del Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia de la Secretaría de Gobernación, las decisiones sobre privación de la libertad de migrantes por periodos que pueden ser de 15 hasta más de 60 días.
“No se advierte que el legislador haya establecido un control de la detención ejercido por alguna autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales que califique la constitucionalidad y legalidad de esas detenciones; mucho menos, que cumpla con las exigencias de autonomía e independencia necesarias”, dice el proyecto.
CALIFICARÁN DETENCIONES
De ser concedido el amparo, la nueva legislatura del Congreso que iniciará labores en septiembre tendría hasta diciembre de 2021 para acatar la sentencia, creando una autoridad jurisdiccional que sea la encargada de calificar las detenciones de largo plazo del INM.
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La omisión legislativa, según Ríos Farjat, no deriva del incumplimiento de algún mandato expreso de la Constitución para crear este tipo de jueces, sino que se desprende de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
PREPARAN
Alistan 17 albergues en el sur
Para atender el flujo de la niñez migrante en el sur del País, el Gobierno de México destinará 17 instalaciones para albergar hasta 7 mil personas.
El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, explicó que de esos campamentos unos serán habilitados y otros serán cedidos al DIF en Chiapas y Tabasco.
Además, el INM cederá otros cinco espacios, en estados del norte, como Coahuila y Tamaulipas.
Entrevistado luego de participar en una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Gobernadores y alcaldes del sur del País, Garduño calculó que en México hay unos 5 mil niños migrantes acompañados.
“Pero el problema es que cada menor es acompañado por 4 y 5 adultos”, explicó.
El Congreso ha incurrido en una omisión legislativa inconstitucional.