Penalizan cobranza ilegal. Castigarán hasta con cuatro años de prisión a quien incurra en esa práctica

Cd. Victoria, Tam.- El Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal para el Estado, para establecer el delito de cobranza extrajudicial ilegal, a fin de evitar que los despachos de cobranza, empresas o instituciones bancarias, recurran a mecanismos que están fuera del procedimiento legal para generar presión en contra de las personas que se encuentren en condición de deudores.

A quien cometa dicho ilícito se le sancionará de uno a cuatro años de prisión, así como una multa económica de 50 mil a 300 mil pesos, tomando en consideración lo establecido en la legislación penal federal, lo cual sin duda, coadyuvará a disminuir y, en su caso, eliminar este tipo de conductas que se realizan fuera del marco de la ley.

De esta forma, comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien con la finalidad de requerir el pago de una deuda, haga uso de la violencia, amenazas o intimidación en contra del deudor o de alguien con quien éste se encuentre ligado por algún vínculo familiar, afectivo o que haya fungido como referencia o aval.

La diputada Ana Lidia Luévano de los Santos, mencionó que en aras de fortalecer este tipo penal, resultó preciso aumentar la pena cuando se utilicen documentos o sellos falsos, también si incurre en usurpación de funciones o de profesión, razón por la que se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal para el Estado.

“Finalmente, al tener este delito características que causan un agravio totalmente personal, se consideró establecer que sea perseguible a petición de la parte ofendida”, agregó.

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DE PROCURADURÍA PASARÁ A FISCALÍA

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia dictaminaron a favor diversas reformas a la Constitución Política del Estado, entre las que destaca cambiarle el nombre a la Procuraduría, que ahora será denominada Fiscalía. Falta el trámite en el Pleno en los próximos días.

El dictamen establece la facultad del Congreso y del gobernador del Estado, en la designación del fiscal general, y fijar el Consejo Estatal de Política Criminal, como instancia de coordinación del Estado, encargada del diseño e implementación de la política y prioridades de persecución penal.

Deberá integrarse por el gobernador, el fiscal general de Justicia, los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública, así como por los fiscales especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos.

Además, refiere que el fiscal especializado en Combate a la Corrupción pueda ser nombrado para un nuevo periodo, por una sola ocasión (ocho años); se plantea que la Fiscalía General de Justicia cuente con tres fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de asuntos internos y de combate a la corrupción.

La diputada Teresa Aguilar Gutiérrez precisó que se pretende transformar orgánicamente, en su denominación y en su operación, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para pasar a ser una Fiscalía, dejando de fungir como una dependencia del Poder Ejecutivo y contará con autonomía presupuestal, administrativa, técnica y operativa. 

El diputado Alejandro Etienne Llano planteó cambios que no fueron apoyados por la mayoría, los cuales recaían a aclarar atribuciones del fiscal y otras propuestas de modificaciones al texto de la Iniciativa. “A nuestro parecer, no debería renovarse por otro periodo el fiscal anticorrupción, el periodo que tiene ya es suficiente”, añadió.

Las reformas fueron dictaminadas por mayoría y serán turnadas al Pleno para su aprobación o rechazo.

La Mesa Directiva citó a sesión para el miércoles 14 a partir de las 11:00 horas y se espera que ese día se vote en el Pleno.