Padres de 43 fijan plazo para octubre
Agosto 30, 2017 -
Salen de reunión en Procuraduría sin respuestas por normalistas
Ciudad de México
Aunque el abogado Vidulfo Rosales estimó que el cronograma establecido por la PGR tiene un avance del 30 por ciento, los familiares dijeron estar enojados por la falta de resultados.
Melitón Ortega, familiar del normalista desaparecido Mauricio Ortega, reprochó que no recibieron ninguna respuesta concreta.
“Creemos que es una reunión más, como siempre nos han llevado diciendo que hay avances para las autoridades cuando para nosotros no significa nada”, afirmó.
En la reunión participaron, además de los padres y sus representantes, el Procurador Raúl Cervantes y los subsecretarios Roberto Campa (Gobernación) y Miguel Ruiz Cabañas (Cancillería), y Esmeralda Arosemena, relatora para México de la CIDH.
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EL INFORME DE AVANCE
En meses, la PGR sólo avanzó 30 por ciento en la investigación del caso Iguala, denunciaron padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Ante esta situación, advirtieron tras reunirse por más de dos horas con el procurador Raúl Cervantes y la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, que no volverán a la mesa diálogo si antes de octubre no hay detenciones de implicados en la tragedia próxima a cumplir tres años.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, informó que de las cuatro líneas de investigación: la actuación del Ejército, la participación de la Policía Federal en Huitzuco, la telefonía celular y el trasiego de droga, vía Iguala, a Estados Unidos, sólo hubo avances en lo referente a las cámaras de videovigilancia del C4, pues se determinó que no todas las instaladas en la zona de los hechos funcionaban.
Y lo que tiene que ver con el quinto autobús, pues se corroboró que siguió la ruta indicada por los estudiantes, sin embargo no se ha determinado si llevaba droga.
A las 16:00 horas, los familiares ingresaron a la sede central de la PGR, ubicada en el 211 de Paseo de la Reforma, acompañados de su abogado, Vidulfo Rosales Sierra; el subdirector del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Santiago Aguirre Espinosa, y un representante de la asociación civil Serapaz.