Reacomodo de las calabazas

En el sentido de que un Estado pobre es un pobre Estado, se entiende que sin ingresos no hay función pública. Nada puede hacer un gobierno sin recursos, aunque durante los últimos años el Anáhuac ha padecido gobiernos que nadaron en la abundancia y no hicieron otra cosas que dilapidar los dineros, tanto en beneficio personal como de las camarillas de bribones que los acompañaban y alegraban el oído con frases zalameras.

Ahora que los aborígenes se manifestaron abrumadoramente por un cambio, parece llegado el momento de hacer cuentas claras y precisas para conocer el balance general entre lo mucho que se debe, lo poco que se tiene y la forma en que los causantes del fisco vienen contribuyendo para que el Estado pueda llevar a cabo las funciones que la ley le señala y que son indispensables para garantizar derechos que la misma engloba.

Son muchas las voces, bien o mal intencionadas, que señalan que es imposible que el gobierno que toma posesión del primero de diciembre pueda dar cabal cumplimiento a sus muchas y muy variadas promesas de campaña. Van a lo más evidente: la pensión universal para los adultos mayores, la reducción del IVA en la frontera, la contención en los precios de la gasolina, el abaratamiento de servicios públicos que pagan cuota.

Ciertamente, con los actuales niveles de recaudación tributaria y la disminución de los ingresos por exportación de bienes y servicios, resulta imposible. Solamente con una reforma fiscal de gran calado, que vaya al fondo del asunto, los dineros públicos sí que pueden venir a resultar suficientes y, en un descuido, sobraría para hacer algo más. La reforma fiscal que se espera desde hace treinta años y que todos los gobiernos evaden.  

Recientemente, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, comparó el monto de la recaudación tributaria en América Latina, la cual promedia un 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto, con la de México que, pese a la reforma aprobada en 2013, apenas alcanzó el 17 por ciento de su PIB. Simplemente, tomando como referencia el promedio regional, se necesitaría una captación de impuestos de 5.5 puntos del PIB adicionales, lo que implica subir la recaudación en 1.2 billones de pesos, un tercio más.

Una tercera parte más no para cubrir todos los requerimientos financieros del sector público; sino, sólo para alcanzar el nivel promedio de las recaudaciones en AL. Los datos que maneja Gurría ponen de manifiesto que el gobierno de México falla en sus sistemas de recaudación, lo que viene a propiciar, sea por complicidad o no, una gran evasión fiscal, que, aunada a la elusión y a las condonaciones, empobrecen la hacienda.

El último informe presentado, indica que la evasión fiscal costó a México 510 mil millones de pesos en 2016, cifra que representa 2.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), según el estudio Evasión global de impuestos, elaborado por la Universidad de las Américas, Puebla. “Los mayores niveles de evasión fiscal se dieron en impuesto sobre la renta (ISR), con un monto de 290 mil millones de pesos, seguido por el impuesto al valor agregado (IVA), con 188 mil millones. Y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), con 20 mil millones”. En el 2017 y el 2018 más.   

Se afirma que constituyendo la evasión fiscal una conducta no sólo nociva para el Estado, sino para toda la población; debiera el primero perseguirla y castigarla, y la segunda no sólo evitarla sino, denunciarla de acuerdo a lo que señala la ley. Pero, es difícil que ello pueda ocurrir si se mantienen las mismas practicas recaudatorias que vienen a resultar como el queso gruyere, con hoyos por donde quiera y túneles que se comunican unos con otros. Mientras no se estimule la exigencia de comprobantes fiscales a través de la deducción de impuestos, seguirá la evasión y la elusión.

Los trabajadores seguirán pagando más que las grandes empresas, y el dinero jamás alcanzará para que la administración pública cumpla con sus compromisos, mientras no se acomoden las calabazas para que quepan todas en la carreta.