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Los abogados
Los santones del Derecho de la época salinista no tenían muchos problemas, todo asunto se arreglaba a la voz del amo y no había que pasar por los tediosos procedimientos procesales.
De hecho, el indiciado era culpable desde el momento mismo en que se le ponía en la mira y no había poder humano que lo librara de la pena que conviniera a los intereses de los acusadores. Según el último dato, al día de hoy el 42 % de los detenidos no han sido juzgados y el 15 % son inocentes.
Los informes dados a conocer por el profesor de Derecho de la Universidad California West, Justin Brooks, quien, además es director de la organización Proyecto Inocente de California, un bufete legal de maestros, abogados y estudiantes de Derecho que investigan y litigan casos de personas inocentes que se encuentran cumpliendo una pena en prisión, indican que cuando menos el 15 por ciento del total de personas que se encuentran tras las rejas en México, resultan ser inocentes.
Esa es una faceta del problema, la otra es el alto nivel de impunidad de las conductas antisociales y francamente delictivas. Este fenómeno se observa desde dos puntos de vista: que existe un 90 por ciento de impunidad, y que sólo el uno por ciento de los delitos se castiga, que, a final de cuentas resulta lo mismo. La impunidad se genera desde el principio, cuando las víctimas no hacen una denuncia formal por desconfianza de las autoridades, o porque éstas no actúan adecuadamente.
El Índice Global de Impunidad México 2018, un estudio elaborado y publicado por la Universidad de Los Ángeles Puebla, indica que: "México es más impune que hace dos años. La calificación del país en este índice pasó de 67.42 puntos en 2016 a 69.84 puntos en 2018. En comparación con el último reporte, Aguascalientes (+7.48%), Tlaxcala (+7.37%) y Nayarit (+6.65%) son los estados en donde aumentó más el nivel de impunidad. El Estado de México es la entidad más impune del país, con una calificación de 80.06. Le siguen Tamaulipas, Baja California, Coahuila y Quintana Roo".
Sobre las causas de esta déficit en la aplicación de la legislación penal, María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, explicó que a 11 años de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el cual se buscaba reestructurar a todo el aparato judicial para hacerlo más efectivo, éste no ha dado los resultados esperados y no se ha establecido un verdadero Servicio Profesional de carrera. Como sucedió con otras reformas institucionales, los que están no entienden y los que van llegando no han sido debidamente preparados en el tema.
Novoa pintó un panorama desolador, explicó que en las procuradurías el 60% de los casos de investigación están acumulándose sin resolución; los que logran transitar de la procuración de justicia al Poder Judicial se rezaga 70%. "El rezago es brutal, estamos viendo que se identifica un rezago de 4 de 10 investigaciones de la Fiscalía, además de que el 61% de los asuntos que fueron de derivados de Justicia alternativa, solamente 3.9% llegaron a instancias del Poder Judicial".
Con relación al enfoque de seguridad que está dando el gobierno, dijo: "Se deben reorientar los esfuerzos y lograr de alguna manera articular seguridad y justicia, y que estas instituciones que están muy rezagadas en los estándares que requerimos como servicio de justicia en este país y más en el sistema penal y es importante lograr subir de nuevo este tema en la agenda pública nacional y que la autoridad tome esto como una opción prioritaria en el corto y mediano plazo".
Precisamente, en el Índice Global de Impunidad 2018, se dice que en cuanto al sistema de justicia, el reporte indica que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo, con un promedio de 3.9 para cada 100 mil habitantes. Algunas entidades están debajo de la media, como Coahuila y Baja California, con apenas 2.74 y 2.73 impartidores de justicia por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En España hay doce jueces por cada cien mil habitantes.
La escuela perversa de los santones del Derecho en la época salinista ha dejado una pésima herencia, de ahí la necesidad de que las nuevas generaciones de abogados se preparen a conciencia, iniciando por la vocación: quien no entiende el Derecho, nada derecho puede hacer.
