La graciosa huida

Más de once mil millones de pesos han sido tirados a la basura por la irresponsabilidad de los integrantes del INE, quienes, con absoluto desparpajo, se brincan las trancas de los ordenamientos constitucionales y las leyes en la materia, asegurando, en boletín de prensa que: “No es competencia del Instituto Nacional Electoral, ni de sus funcionarios, juzgar el desempeño de la estructura que compone a los Órganos Locales, ni en su actuación individual ni en las tareas desarrolladas durante el proceso electoral en curso”.

Hacerse el desentendido en el vergonzoso desaguisado electoral que tuvo lugar el 4 de los corrientes, no le corresponde a una institución que, aunque se nota absolutamente desprestigiada, sigue cobrando sumas colosales por hacer que hace sin hacer nada y por dejar que cada quien haga lo que le pegue la gana, aunque se haga añicos la ley y quede por los suelos el crédito de México como una nación que busca llegar a la democracia.

Fue, precisamente, ante el INE que la organización de la sociedad civil Vamos, hizo la denuncia de la utilización de recursos a través de la tarjeta de prepago ‘La Efectiva’ y de pagos en efectivos, que se presume que ascienden a 4 mil millones de pesos, y que fueron triangulados por medio de recursos de concesiones asignadas a la empresa OHL. La queja fue presentada en la primera quincena de mayo y es hora que no hay respuesta.

Bien lo dijo el ex consejero electoral Alfredo Figueroa: “Hemos presentado las evidencias y a partir de ahora veremos cómo la autoridad electoral reacciona frente a la defraudación a la Hacienda Pública federal, en favor de una campaña política. La gravedad de los hechos por el momento que aparece, me parece que es sin precedente en las elecciones del Estado de México, veremos que hace la autoridad electoral”. 

Para lavarse las manos, en el mismo boletín asegura el INE que: “Se indicó que la información emitida por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, mediante el informe de seguimiento y operación de los Organismos Públicos Locales (OPLE) en el desarrollo e implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se dio a conocer con fines meramente informativos”. ¡Claro! Ahí fue donde se puso de manifiesto la manipulación oficiosa de los funcionarios que cambiaron la regla.

Para que dejen de hacerse patos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reformada recientemente, para que no haya dudas, señala en su Artículo 1, que: “1.-La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales”. 2.-Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución. 3.-Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta Ley…”.

Y, con absoluta precisión señala en el Articulo 32, fracción 2, incisos g, h e i, que el INE debe: “g) Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento; h) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación; i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, y…”.

No pueden los funcionarios del INE, que parece que vienen resultando como dicen que Dios ve a los conejos, eludir las responsabilidades por las que cobran sumas colosales en un país de miserables, donde el obrero, que sí se soba el lomo, debe conformarse con ganar 80 pesos diarios que sólo le alcanzan para un refresco y una ‘concha’, por los que, además, debe pagar el Impuesto Sobre Producciones y Servicios y el Impuesto al Valor Agregado. 

Con un poco de vergüenza, otra cosa sería. No hubiera toreros malos ni funcionarios electorales balines, que hacen graciosa huida de sus obligaciones.