La austeridad republicana

El gobierno federal electo de México propone y solicita de los poderes públicos una austeridad republicana que permita la recuperación de la economía luego de la atroz irresponsabilidad con que se manejó la hacienda, creyendo que todo el monte era de orégano. Aunque la mayoría de los nuevos funcionarios y representantes federales ha mostrado aquiescencia para ello, hay resistencias en algunos sectores privilegiados.

Se arguye que un funcionario de alto nivel debe tener un ingreso decoroso de acuerdo a su preparación, capacidad y experiencia en el desempeño del cargo, lo que pudiera parecer un argumento con cierta lógica; pero que, pierde sentido por cuanto se sabe que el servicio público no es la vía adecuada para enriquecerse, como viene pasando en la actualidad, en que la política y puestos de gobierno resultan el mejor negocio.

Quienes han llegado a los cargos públicos, por el camino que sea, tuvieron, en primer lugar, el deseo, el interés de aplicar sus conocimientos y habilidades para servir a la comunidad a la que pertenecen y que dio apoyo a sus esfuerzos de preparación y de capacitación. Si no fue así, entonces erraron el camino y bueno sería que dedicaran sus afanes a enriquecerse fuera de la administración pública. La política es para servir.

Congruente con ello de manera personal, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo desde antes de iniciar la campaña por el cargo, que: “Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad, voy a ganar la mitad del sueldo que recibe actualmente el Presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos convertirá en un espacio abierto, en el Bosque de Chapultepec para las artes y la cultura”. La mayoría de sus colaboradores están haciendo lo mismo.

Quienes alegan el derecho a una justa retribución, no se han percatado de que resulta imposible que los derechos sean ilimitados; tienen sus límites. Cuando se dice que son ilimitados se hace referencia a un mito que desconoce lo que son derechos y deberes. Si la alta burocracia se considera con derecho a tener ingresos superlativos, alegando que su trabajo exige esfuerzo y responsabilidad; tendrían que reconocer que, antes que ellos están los trabajadores que todos los días se soban el lomo y ganan 88 pesos.

Más allá de la frivolidad de la crema y nata del gobierno, de su aviesa predisposición a concebir su desempeño como una recompensa a su carrera y como punto de llegada a una vida de lujos, despilfarro y ostentación, y no inicio del ejercicio de las tareas que la ley les señala y obliga, con pena de sanción, como juraron en el momento de tomar posesión; más allá de su concepción errónea de los poderes públicos, está su deber.

Deber de dar resultados, con eficacia, transparencia y economía de los recursos que se han puesto a su disposición. Probado y comprobado está que sus privilegios exceden con mucho los que reciben sus homólogos en los países más ricos del planeta, además de que resultan particularmente lesivos en un contexto como el de México, donde la inmensa mayoría de la población padece graves carencias y no recibe buenos servicios.

Las propuestas de fondo para racionalizar el gasto, entre ellas la compactación del gobierno, la descentralización, las compras consolidadas de la administración pública y las empresas descentralizadas, y la disminución del gasto corriente, tienen que asumirse con apego estricto a la ley, con apego a que la noción de poder público abarca a todos los poderes que son propios del Estado. Cabe recordar que el Estado ejerce el poder legislativo que crea y modifica leyes, el poder judicial que aplica dichas normativas y el poder ejecutivo que desarrolla políticas de gobierno a través de diversas instituciones.

Por ningún lado se indica que el poder público deba ser para enriquecerse.