Jocoque soplado

Asegura un viejo y conocido refrán que “el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla”, en el entendido de que lo que se ve no se juzga. Han surgido voces que señalan que las elecciones en el estado de México para llevar al primer primo del país a la gubernatura, fueron un ensayo general con vestuario de lo que habrá de pasar en este 2018, cuando se renovarán poderes federales, 9 gubernaturas y 30 poderes locales.

Dice que fue de antología la concurrencia de las instancias federales en la elección del Edomex, en que corrieron cantidades colosales de dinero de las que todavía no se han dado cuentas; pero que, como no fueron equitativas, han dejado resentimientos que se manifiestan con denuncias de inconformidad que hasta la fecha se han podido callar. Entre esas voces, la del notable politólogo, ajonjolí de muchos moles, Porfirio Muñoz Ledo, ha señalo la similitud de estrategias para que en el país no haya sorpresa alguna.

Expresó el que fuera exdiputado constituyente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con magníficos resultados, que: “Es parte de la operación del PRI estar atacando a Anaya, como atacaron a Josefina Vázquez Mota. Están Chepinizando a Anaya. El Zepeda de ellos es un independiente, no digo cuál. Tratan de poner un empate absurdo, porque no lo hay a nivel nacional; quieren poner a López Obrador y Meade. Están siguiendo paso por paso lo que hicieron en el Estado de México; la diferencia es que ahora es a nivel nacional y que no nos vamos a dejar, ¡eso es claro!”.

Cierto o no, y como medida precautoria, se apersonó con la representación de un muy nutrido grupo de académicos, intelectuales y politólogos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar una serie de medidas cuyo propósito es blindar la elección del 1 de julio y evitar que se susciten nuevamente irregularidades que puedan poner en entredicho su legitimidad, como ha ocurrido en casos previos.

Porfirio fue acompañado por Javier Quijano, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, José Agustín Pinchetti y Miguel Ángel Velázquez, quienes sostuvieron una reunión de 40 minutos con Janine Otálora, la magistrada presidente del Tribunal para entregarle “un documento con una serie de medidas que permitan garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica y evitar lo sucedido en el Estado de México y en Coahuila”.

Luego de la entrevista, el propio Muñoz Ledo declaró que acordaron con la presidente del TRIFE la conformación de un observatorio electoral que será constituido por los académicos, políticos y organizaciones firmantes, a fin de denunciar ante el Tribunal cualquier desviación u omisión que se observe antes, durante y después de que se llevan a cabo los comicios, por parte de alguna autoridad electoral; además se acordó

publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y promover acuerdos de civilidad política entre todos los actores políticos con el propósito de sancionar de forma severa todas  las campañas negras, sin menoscabo de la libertad de expresión.

De llevarse a cabo la iniciativa de que se instale una plataforma digital que permita monitorear, en tiempos reales, los gastos de campaña, misma que será alimentada de forma permanente por datos aportados por la población, lo que vendría a equivaler a un Sistema Integral de Fiscalización, se tendría uno de los logros mas substanciales, además de que se iniciaría, con ello, la modernización de los sistemas electorales.

No conformes con esos puntos, en el pliego entregado a la magistrada demandan que se establezca una eficaz coordinación de las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y el de Transparencia para fiscalizar “estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales”. ¡Órale!

El documento concluye señalando que: “Los fraudes de 2006, 2012 y los abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018. Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos”.

Finalmente, los firmantes advierten que si sus peticiones fueran desoídas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.