Guardia Nacional: voto de confianza obligado
Durante los primeros 46 días del gobierno del presidente López Obrador es evidente que el tema más posicionado es la lucha contra el flagelo de la inseguridad y la corrupción.
Cuando hablamos de seguridad no solo nos referimos al bienestar que, al garantizarla, se genera en las personas que todos los días padecen delitos en su mayoría del orden común.
Lo más relevante es la batalla contra las organizaciones criminales como el narcotráfico y la industria delictiva del huachicol que, por su organización tan elaborada e instrumentada, atenta de forma directa contra la soberanía y la gobernabilidad del pueblo de México.
Más grave es cuando se corrompe a las estructuras de gobierno, pero sobre todo a la estructura y el tejido social. Hemos observado cómo han logrado infiltrarse los grupos del huachicol en estructuras sociales, de las que incluso han logrado su acompañamiento.
Cuando este tipo de delitos causa tan severos estragos, no sólo está en juego la seguridad de las personas, lo que está en juego es la gobernabilidad de un país, que coloca en riesgo a sus instituciones y como consecuencia, a todo el sistema democrático construido a favor de México.
Todos reconocemos que las circunstancias en que se encuentra México son extremas y no sólo por el daño que se causa a la economía con el robo de combustible, que prácticamente hacía insostenible la viabilidad de Petróleos Mexicanos.
¿Qué, acaso el discurso de la defensa del petróleo no ha sido la constante ideológica de las izquierdas del país que, por supuesto, incluyen al PRD? ¿Acaso la defensa del petróleo no ha sido el estandarte que ha posicionado a figuras como la del general Lázaro Cárdenas, con un reconocimiento excepcional en las páginas de nuestra historia?
Si es que la memoria histórica no nos engaña, entonces sí se justifica tomar medidas enérgicas, que ante algunos pudieran parecer extremas. Hay que hacerlo para garantizar no sólo la seguridad en lo individual y el bienestar y la tranquilidad de cada uno de los mexicanos; hay que hacerlo porque es más urgente garantizar la soberanía y la gobernabilidad que requiere la República.
Y si estas medidas requieren de perfeccionar y dar sentido legal a la participación de las instituciones dedicadas a la seguridad, la conformación de una Guardia Nacional simplemente agrupa a todos los aparatos que en materia de seguridad existen. El Ejército y la Marina fueron sacados de sus cuarteles desde hace más de 12 años y no sólo fue para proveer seguridad y procurar bienestar a las familias. Con su salida a las calles los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto buscaban sostener la gobernabilidad.
El Ejército es una institución reconocida por su disciplina y lealtad, pero no es extraño que algunos integrantes de este hayan sucumbido para violar los códigos éticos, como consecuencia de haber sido alcanzados por la corrupción que, por supuesto, ha alcanzado en mayor escala a las instituciones creadas para la procuración de justicia, seguridad pública, sin omitir al Poder Judicial.
La medida de crear una Guardia Nacional puede resultar sorpresivo y generar una duda razonable en algunos sectores, porque se habla de la militarización, como consecuencia de la participación del Ejército en seguridad pública; es decir, no preocupaba tanto cuando lo hacía de facto, sin el acompañamiento legal.
Hoy preocupa para algunos que su participación se legalice, cuando desde hace 12 años el Ejército hace el trabajo que correspondía a instituciones civiles.
También habría que recordar que en el sexenio de Peña Nieto el Ejército solicitó se le facultara para que su participación se hiciera en el marco de los ordenamientos legales; así se dijo, para la lucha contra el narcotráfico y hoy por supuesto, la industria delictiva contra el huachicol.
El voto de confianza que el Legislativo da al Ejecutivo no es sumisión, es necesario y urgente si se quiere combatir de manera frontal los problemas de inseguridad.
La figura del presidente debe observarse como una institución a fortalecer. Requiere del acompañamiento de todos los sectores, ante las dimensiones del reto que está por cumplirse, la seguridad y gobernanza del Estado no son menores.
Oponerse a lo dicho por el Presidente, anteponiendo intereses personales o partidistas, es actuar con mezquindad y egoísmo.
