Editoriales > ARTÍCULO DE FONDO

El presidente se pone el uniforme

“Con independencia y autonomía tenemos Corte para rato”

“Con independencia y autonomía tenemos Corte para rato”

2019 se consolidó en nuestro país como el año récord en homicidios. Cifras escalofriantes como las que entrega esta administración no habíamos conocido; baste decir que se duplicó el número de homicidios de 2015. ¿Es esto lo que mueve la decisión presidencial de acordar en tiempos de paz la intervención del Ejército y la Marina en tareas cotidianas de seguridad pública?

El presidente se pone el uniforme

Aparte de algunos hechos de alto poder simbólico —como el saludo personalísimo a la mamá de un célebre criminal, o el descaro impune de los cárteles que otorgan despensas y ayudas y aumentan su influencia social— cabe preguntar: ¿habrá pesado a favor del decreto que durante 2019 aseguraron mínimas cantidades de cocaína en comparación con otros años y en cambio fueron asesinadas más de 35,880 personas.

En plena fase de crecimiento exponencial de víctimas de la pandemia y rodeados de muchas dudas sobre las cifras oficiales, el presidente se dedica otra vez a distraer a la opinión pública con ataques a médicos, ingenieros, arquitectos, economistas y por debajo de la mesa, sin motivación ni explicación, promulga el acuerdo.

Desde su llegada al poder, el presidente se ha dedicado a entregar a la milicia proyectos y actividades que no le eran propias, yendo incluso contra toda lógica, como la de los organismos civiles que aconsejan que los aeropuertos no sean concesionados a los militares.

El decreto cruza abruptamente la línea que se mantuvo infranqueable históricamente entre lo civil y lo militar.

Con este nuevo galimatías conceptual y jurídico contenido en un confuso acuerdo, se ordena que la fuerza armada permanente obedezca y acate de manera subordinada las disposiciones y la orientación que le dicte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana debilitado y sin confianza nacional por los escasos resultados.

Ahonda la confusión el señalamiento de que las tareas que realicen las fuerzas armadas: “… estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda” (sic.). ¿Será el OIC de la Guardia, el del Ejército o el de la Secretaría de la Función Pública?

Muchas voces expresamos las enormes inconsistencias del proyecto que creó la Guardia Nacional, pero reconocimos la necesidad de respuestas eficaces, profundas y urgentes para hacer frente a la impunidad criminal y la corrupción en procuración y administración de justicia. Surgió como consigna la política de “abrazos no balazos” y la suposición de que los criminales dejarían de matar, secuestrar, robar y extorsionar si sus mamacitas se lo pedían. No se les persiguió y estos son los resultados.

El decreto aumentó el poder presidencial al igual que la fallida reforma para concederle el manejo discrecional del 10% del presupuesto. Queda claro por qué la pandemia le vino “como anillo al dedo”.

Sigo creyendo que la Constitución debe ser la vía rectora para atender la seguridad pública, abatir la impunidad y desterrar la corrupción. También considero que la utilización de la información de inteligencia puede representar la solución de al menos 80% de los casos criminales, y sólo el resto suele requerir el uso directo de armas de fuego.

Tengo confianza en las propias instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejército Mexicano y la Marina, donde la Constitución terminará por prevalecer y ser defendida ante cualquier atentado. Por lo pronto, en seguridad pública, sigue siendo el binomio impunidad-corrupción donde se enquista el mal profundo que da como resultado que en vez de avanzar caminemos hacia atrás. Lo más importante estriba en el funcionamiento del programa de seguridad en beneficio de la sociedad, pues será la última llamada.