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Entre la violencia y el coronavirus

El Consejo de Salubridad, poderoso instrumento jurídico técnico creado al amparo del artículo 73 constitucional, permite al presidente dictar disposiciones en caso de epidemias graves

Este fin de semana se registraron en el país 85 homicidios violentos, la cifra más alta en varios años. De seguir las cosas como van, será uno de los periodos más sangrientos de la historia. El presidente parece no darse cuenta de lo que ocurre. El estado de derecho no le preocupa, aun si la seguridad es el primer deber de su gobierno.

El gregarismo social se basa en la seguridad, pero eso no lo entiende o existen otras razones que impiden aceptarlo y actuar en consecuencia desde el poder federal. Quien durante su campaña prometió que acabaría con la violencia, está quedando colocado simplemente como el autor de otra oferta demagógica, con fuerte acumulación de fracasos y muy malos resultados.  El gobierno federal es omiso en los hechos, pero también es ciego para ver en qué está fallando. 

Entre la violencia y el coronavirus

Qué lejos queda la imagen del hombre que recorrió el país, palmo a palmo, durante 12 años; que construyó empatía y entendió que atrás de cada calamidad o tropiezo había un binomio bien amarrado entre corrupción e inseguridad. El mismo candidato hoy se muestra insensible y cerrado a toda crítica y acusa a obreros y campesinos, ante cualquier reclamación, de ser parte de “la provocación conservadora”.

Del gobierno que ofreció erigirse como el más democrático y transparente emerge cada semana el más autoritario y opaco de muchas décadas. No se entiende su propuesta de seguridad y justicia porque no la hay. Las crisis de la salud revelan que tampoco existe capacidad para planear una política pública.  

Las mujeres, organizadas y no, demandaban más albergues y estancias infantiles, casas de protección para víctimas de violencia familiar, tan soterrada y grave en nuestro país. Obtuvieron la cancelación de todos los esquemas, no su depuración y mejoría. Hoy, un instituto de incierta realidad sustituye al seguro popular también condenado a muerte. Los hospitales públicos de tercer nivel y los institutos nacionales de especialidades recibieron, un golpe de Estado administrativo. Con una pandemia en progresión mundial, hoy están descabezados.

El virus toca a las puertas de México con instituciones de salud semidesmanteladas, hundidas en la imprevisión financiera y operativa por falta de suministros. 

A los ojos de un mundo que reacciona con fuerza y decisión ante la agresividad del avance viral, aquí se exhibe la esquizofrenia de quienes por una parte impulsan lo mejor que pueden protocolos de control y contención y, por otra, aplauden las recomendaciones del jefe de gobierno para abrazarse. Ante esto, la propia OMS pide al gobierno mexicano asumir a cabalidad su compromiso en el control de la pandemia. 

El Consejo de Salubridad, poderoso instrumento jurídico técnico creado al amparo del artículo 73 constitucional, permite al presidente dictar disposiciones en caso de epidemias graves. Esa instancia federal ni siquiera se reúne.

De viernes a lunes se ha duplicado el número de casos de contagio. Las acciones de empresas que cotizan en bolsa siguen cayendo, la relación peso-dólar rompe máximos históricos, México y Pemex conocen los primeros efectos de un shock simultáneo de sobreoferta y de baja demanda de hidrocarburos. De eso, como de la violencia, no se habla por las mañanas. Avanza la balcanización de las decisiones de la administración federal, con algunos funcionarios que recomiendan limitar los contactos mientras otros los promueven y cada quien termina haciendo lo que quiere.

Si la pandemia es benigna cuando golpee exponencialmente a los mexicanos, tendremos al único jefe de Estado que en tres palabras le tomó la medida y a partir de criterios que hasta hoy sólo él conoce, la vio venir y diagnosticó: “No pasa nada”. Pero ¿si no es así? Su falta de empatía y de comprensión ante posibles efectos devastadores no será cosa del pasado, será suya en riguroso presente.