El dilema de los gobernadores

En México se ha construido un sistema constitucional de contrapesos ideal. En la práctica política, se trata de un régimen centralizado y en que el federalismo ha sido letra muerta hasta ahora. Por ello, me parece que es un error estratégico confrontar al Ejecutivo federal desde una entidad federativa o municipio, sin importar el signo político que los respalde.

Entre otras razones, por las siguientes:

a) La debilidad institucional en la relación del Ejecutivo federal con los ejecutivos locales y municipios.

b) La enorme dependencia económica de esos niveles de gobierno hacia la Federación, pues vulnera la autonomía de éstos.

c) La falta de capacidad para enfrentar aislados y solos los problemas suscitados por la inseguridad, rubro que concentra el mayor reclamo social en el país, además de que muchas de sus policías estatales, ministeriales y municipales están permeadas por la delincuencia organizada y están a su servicio, o son susceptibles de cooptación.

d) La significativa deuda pública que tiene la mayoría de las entidades federativas, provocada por herencias o por programas de inversión indispensables, sin señalar si el dispendio, la corrupción y la desviación de recursos han contribuido a ella en algunos estados. En cualquier caso, en materia de inversión para infraestructura educativa, social y de comunicación, entre otras, requieren el respaldo de la Federación. No sería conveniente pensar en aislarse y situarse como entes públicos de contraste.

Entiendo la motivación de algunos gobernadores, presidentes municipales o incluso titulares e integrantes de otros poderes y organismos autónomos al mostrar independencia de criterio y cuestionar políticas públicas.

Siguiendo la tradición política, esta posición y motivación pudiera incluso considerarse normal en la época de la transición política sexenal o de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en la búsqueda de mayores ingresos o programas para sus espacios de responsabilidad política y territorial.

Sólo hay una diferencia: hoy gobernará el país Andrés Manuel López Obrador, y los cánones de la ortodoxia política no son aplicables a él, pues no harán mella ni la presión, ni la movilización mediática. Por ello, considero que sería preferible buscar una manera distinta de la confrontación para acordar los futuros planes y acciones.

¿Dónde elegirán situarse los gobernadores los próximos días, y cómo reaccionarán si no se aprueban las reformas planteadas sobre seguridad pública, y si, en un hipotético caso, observando estrictamente la Constitución, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordena que retornen a los cuarteles los elementos de la Marina y el Ejército, e incluso de la Policía Federal, en un intento franco por evitar la simulación?

¿Cómo responderán a sus gobernados en el ámbito de su jurisdicción, frente al clima de inseguridad creciente y de pérdida de territorios completos en el país a manos del crimen organizado?

¿Dónde se colocarán para cumplir con los reclamos sociales crecientes?

¿Cómo resolverán los problemas de connivencia, complicidad e, incluso, protección de las policías locales al crimen y la delincuencia organizados?

Los mandatarios estatales y municipales tienen su derecho a salvo y su libertad para protestar, así como para asumir posiciones de contraste frente al presidente de la República.

Es incuestionable, y no habrá ninguna mención ni comentario en contra de este elemental derecho a la inconformidad.

Sólo deberían meditar mejor su estrategia y táctica para lograr sus propósitos; están ante un presidente respaldado por una gran legitimidad y una indiscutible autoridad moral que puede conducir a la ciudadanía a tomar posiciones en uno y otro sentido, y a hacer más visibles y profundas las diferencias.

Desde la lógica del poder estatal, y a partir de mi experiencia en el ejercicio de la función pública en este ámbito, puedo afirmar que es un error enfrentar de esta manera a un Ejecutivo federal con las características de Andrés Manuel López Obrador. Y los reclamos pueden ser o no legítimos, como también puede ser benéfica o no la manera de plantearlos.