De mazo a yunke

Hoy, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba el respaldo del pueblo y las instituciones nacionales, al otro lado de la frontera se inicia el calvario que habrá de padecer quien hasta ahora es el presidente de la nación más poderosa de la tierra. Sus últimos alardes son la evidencia más clara de que el agua le ha llegado a los aparejos y que tendrá que ocupar todos sus esfuerzos y todos sus afanes en defensa de su causa, dejando en paz a México y a los mexicanos.

Quienes tiene ojos para ver y capacidad para entender lo que ven, estaban ciertos de que tanta inquina en contra de una nación que mantiene la mano extendida en señal de paz y amistad, no podía explicarse de ninguna manera. Lo del tema migratorio es un absurdo colosal, porque quienes se sitúan a las puertas de los Estados Unidos recibieron la invitación previa mediante las leyes que obligan a otorgar asilo y refugio a quienes lleguen a suelo americano y hagan solicitud.

Si desde el punto de vista legal no hay motivo para exigir que México sea un tercero interesado donde los solicitantes de asilo o refugio esperen la decisión de las autoridades americanas, menos puede encontrarse en la lógica de los números. La población oficial de Honduras, un país de poco más de 112 mil kilómetros cuadrados, es de 9 millones de habitantes, de los cuales el 42 por ciento son jóvenes; si se está deteniendo a 100 migrantes hondureños por mes, hace un buen rato que el país se hubiera quedado sin manos para producir bienes y servicios, quedaría puro viejo.

Menos pueden aceptarse las afirmaciones de que México se ha beneficiado con el tratado de libre comercio. Se supo siempre y así ha sido: México se convirtió en un gran mercado para los productos de la industria y el comercio norteamericanos, que, además, utilizan la triangulación comercial para vender en territorio nacional bienes producidos en naciones de todos los confines de la tierra, especialmente donde es posible explotar la mano de obra y los recursos naturales.

Pero, bueno, el caso es que llegó el momento en que el presidente Trump se siente en el banquillo de los acusados. Ya no puede evadir más el sistema de la justicia del vecino país y, a pesar de todas sus algaradas, será llevado a un juicio político que trató de eludir por todos los medios y que en cierta medida sus adversarios trataron de evitar por el daño que se causa a la nación que ha sido un permanente referente de legalidad democrática en la que nadie está por encima de las leyes.

Apenas el jueves pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes había emitido citaciones al Departamento de justicia para obtener la versión completa, no censurada, del informe del abogado especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y vetó la resolución del mes pasado para evitar que al fiscal general, William Barr, pudiera declarar después de que la Casa Blanca invocara un privilegio ejecutivo sobre él. La Comisión también emitió una citación para conocer documentos y testimonios de ex asesor de la casa blanca Don McGahn; pero, su abogado dijo a la Comisión que le fue ordenado por la Casa Blanca no cumplir.

En todo caso, el círculo se está cerrando, pues ayer varios medios importantes de la Unión Americana publicaron la versión de que el fiscal general había manifestado: "Fui nombrado un abogado de Estados Unidos por el Presidente Ronald Reagan y más tarde un fiscal general adjunto por el Presidente George H.W. Bush. Todos nosotros en el Departamento de justicia juramos un juramento para defender la Constitución, no un Presidente o un partido político. No es fácil para mí reconocer que estamos asistiendo a una lenta desintegración de la creencia fundamental que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Presidente". Que viene a dar un giro sorprendente.

Si las declaraciones de William Pelham Barr resultan ser ciertas, ya no hay lugar a dudas de que el presidente está viviendo sus últimas horas al frente de la oficina oval. Anteriormente Barr había hecho la afirmación insostenible de que cierta sección de la ley no impide que un Presidente ejerza su autoridad sobre el procedimiento de apremio de la ley para interferir en una investigación. Esta visión extrema pondría literalmente al Presidente por encima de la ley.  Habría que decir que el Artículo I de la Constitución autoriza al Congreso poder para supervisar el ejercicio y desempeño del Ejecutivo.

Por otra parte, el Congreso deberá aclarar que un Presidente comete un delito cuando se falsifica un documento u ordena a alguien crear documentos oficiales falsos, utiliza la oferta de un indulto para interferir la aplicación de la ley dentro de una investigación, o alienta una investigación del Departamento de Justicia sobre su adversario político.

Los tiempos cambian.