¿Dónde están?

Las renuncias de Mónica Maccise Duayhe y Mara Gómez Pérez como titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), respectivamente, “pasaron de noche” para las legisladoras y activistas que promueven la ley contra la violencia política contra las mujeres por razones de género.

Las legisladoras y activistas, entre las que se encuentra la diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, no han externado ninguna crítica en torno a la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comportó con las ahora exfuncionarias, puesto que las presionó para dar resultados en sus respectivos ámbitos laborales, pero nunca les proporcionó los recursos necesarios para que cumplieran con los objetivos de los organismos que encabezaban.

Las recientes reformas para sancionar y castigar la violencia política en contra de las mujeres indican claramente que una transgresión a esta norma legal es limitar el pleno ejercicio de un cargo, labor o actividad, como lo hizo el Jefe del Ejecutivo Federal con el pretexto de que ambos organismos resultan ser onerosos para las finanzas públicas.

En el caso de la Conapred, López Obrador llegó al extremo de afirmar en una conferencia matutina en Palacio Nacional de que no sabía de la existencia de este organismo, cuando el fundador fue Gilberto Rincón Gallardo (QEPD), un distinguido militante de la izquierda mexicana.

De esta manera castigó a la ahora extitular del Conapred, Maccise Duayhe, por invitar a José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, al foro sobre “Racismo y/o Clasismo en México” el pasado l7 de junio, cuyo evento se canceló luego de que la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müeller, dijo en un mensaje de twitter que: “el youtuber había hecho comentarios discriminatorios en contra de su hijo y no se había disculpado públicamente”.

Maccise Duayhe se vio en la necesidad de renunciar a pesar de haber realizado un excelente trabajo al frente del Conapred sin tener los recursos necesarios, incluso en señal de protesta la periodista Katia D´Artigues Beauregard y el politólogo Mauricio Merino Huerta renunciaron a la Asamblea del Conapred.

A propósito, el Consejo Nacional del Conapred presentó una lista de seis candidatas indígenas conforme a la indicación de López Obrador para elegir a la sucesora de Maccise Duayhe, la cual está integrada por: Marcelina Bautista Bautista, Fátima Leonor Gamboa Estrella, Amaranta Gómez Regalado, Larisa Ortiz Quintero, Zenaida Pérez Gutiérrez y María Sánchez Álvarez.

Las seis aspirantes tienen una reconocida trayectoria en defensa de los pueblos indígenas, además contar con estudios acerca de los derechos que tienen las personas que son discriminadas en nuestro país.

De regreso con la ley contra la violencia política contra las mujeres por razones de género, no hay duda de que la doctora Gómez Pérez desde que asumió la presidencia de la CEAV nunca tuvo el apoyo económico por parte de la administración del presidente López Obrador.

Con el pretexto de que la función de este organismo la puede realizar la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, el político tabasqueño insiste en desaparecer la CEAV a pesar de las críticas que ha recibido en los últimos días.

El colmo fue cuando el Jefe del Ejecutivo Federal aseveró que la salida de la doctora Gómez Pérez de la CEAV fue porque la solicitaron los familiares de las víctimas, pero en realidad fue porque nunca brindó el apoyo necesario para que pudiera desempeñar el cargo que le fue conferido apenas en noviembre del 2019.

Es por eso, que se puede preguntar: ¿dónde están las legisladoras y activistas que promueven la ley contra la violencia política por razones de género?, ya que hasta el momento las renuncias de ambas funcionarias “pasaron de noche” para ellas, entre las que se encuentra la diputada federal Sosa Ruiz.

Muchos recuerdan todavía cuando a principios de junio la legisladora oriunda de Tampico lamentó en su cuenta de twitter la supuesta omisión del Congreso Local acerca de armonizar la norma estatal con la federal para tipificar la violencia política contra la mujer en nuestra entidad.

Sosa Ruiz escribió: “queda para la historia la vulneración de los derechos de las mujeres que ven sus sueños y aspiraciones truncadas ante la entidad opresora, el Congreso Local de Tamaulipas”.

En respuesta, la diputada local del PAN, Rosa María González Azcárraga, dijo que “debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Congreso Local no ha podido concretar el proceso dictaminador de la iniciativa”, además señaló que: “no se puede hablar de un estado opresor cuando por primera vez en la historia, la 64° Legislatura de Local está integrada por una mayoría de 19 mujeres y 17 hombres”.

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