Constitucional, impuesto ecológico

De nueva cuenta se equivocó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando aseveró que los gobernadores no podían instaurar un impuesto ecológico porque invadían una atribución exclusiva del gobierno federal, sin embargo existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde califica de constitucionales los gravámenes estatales para el cuidado y la preservación del medio ambiente en el país.

El antecedente se registró hace tres años en Zacatecas, en donde el gobernador Alejandro Tello Cristerna, del PRI, emitió una iniciativa de reforma para implantar impuestos por la emisión de gases a la atmósfera, la contaminación de agua, el suelo y subsuelo, entre otros.

Los gravámenes fueron impugnados por empresas y la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, por lo que intervino la SCJN y fue hasta el pasado mes de febrero cuando emitió su veredicto para determinar que las administraciones estatales pueden crear impuestos ambientales y ser considerados como constitucionales.

Los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas fueron los primeros en promover iniciativas para que los Congresos Locales emitan nuevos impuestos locales a fin de preservar el medio ambiente en ambas entidades federativas.

El pasado viernes, los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, José Rosas Aispuro Torres de Durango, Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, José Ignacio Peralta Sánchez de Colima y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato, se unieron para impulsar un impuesto especial a empresas públicas y privadas que utilicen combustóleo para generar energía eléctrica por ser altamente contaminante.

En el cónclave realizado en Monterrey, Nuevo León, los mandatarios argumentaron que requieren de más ingresos fiscales luego de que el gobierno de López Obrador no les ha proporcionado recursos extraordinarios para atender la crisis sanitaria por el coronavirus en sus respectivas entidades federativas.

El acuerdo de gobernados será considerado como un acto de rebeldía por el político tabasqueño, quien seguramente durante la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional seguirá atacando a quienes considera como sus adversarios, sobre todo porque el impuesto especial va dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Bartlett Díaz.

A propósito, con esta embestida por parte de los gobernadores en contra de la CFE, se descarta por completo la posibilidad de que la empresa de “calidad mundial” ceda a sus peticiones para aplicar las tarifas eléctricas más bajas en favor de las familias en sus respectivos estados, como las que hay en Tabasco, que encabeza Adán Augusto López Hernández, surgido de las filas de Morena.

Bartlett Díaz declaró recientemente que era imposible aplicar las tarifas más bajas en el centro y norte del país, ni siquiera porque entramos a la época de verano cuando se registran las más altas temperaturas y se hace necesario el uso de ventiladores y aires acondicionados para mitigar los estragos del intenso calor.

Incluso, la CFE sin ninguna consideración “desconectó” a más de 543 mil usuarios que no tuvieron dinero para pagar los recibos de luz durante abril y mayo, ni siquiera porque la mayoría de las familias se tuvieron que quedar en casa y en consecuencia se registró un mayor consumo de la energía eléctrica en los hogares.

Lógicamente, la CFE que dirige Bartlett no perdió la oportunidad de tener más ingresos, puesto que cobró más de 47 millones de pesos para reconectar a los usuarios que no tuvieron dinero para pagar a tiempo los onerosos recibos de luz.

Por otra parte, se pospuso la reunión presencial en la Cámara de Diputados y en el Senado prevista para esta semana porque continúa en “rojo” el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, en cuyas sesiones se discutirían varios temas pendientes del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el próximo 1° de julio.

Las sesiones presenciales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se cambiaron para el 29 y 30 de junio, es decir los legisladores tendrán el tiempo encima para realizar las reformas que armonicen los acuerdos del T-MEC, aunque las prisas nunca han sido buenas y sobre todo hay muchas suspicacias acerca de los beneficios que tendrá México ante este nuevo tratado comercial.

No se descarta la posibilidad de que la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión trate de aprovechar las sesiones exprés que habrá para perpetrar un “albazo legislativo”, debido a que López Obrador desea desaparecer la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Tan se puede dar esta posibilidad porque el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila propuso que en lugar de estos tres órganos reguladores se creara el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMEVOB).

Y se puede llegar el caso de imponer la iniciativa que presentó López Obrador el pasado 1° de mayo para modificar el presupuesto en casos de emergencia sin tener ninguna restricción, sobre todo ahora que fue modificada por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside el legislador tamaulipeco Erasmo González Robledo.

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