Novatadas del Insabi y Unops

Pese a los regaños del presidente –quien prometió que dejará de llamarse Andrés Manuel si continúa el desabasto de medicamentos y advirtió a sus altos funcionarios que ya no tolerará “excusas de ningún tipo”–, la situación sigue grave en el sector salud: los insumos se adquieren tarde y de manera incompleta, las cajas se amontonan en los almacenes sin distribuirse, los proveedores no reciben sus pagos a tiempo y la opacidad en las contrataciones sigue imperando.

La UNOPS, que cobra cerca de 27 millones de dólares anuales para realizar las licitaciones, ha sido incapaz de adquirir la mitad de las claves de medicamentos e insumos que las dependencias del gobierno federal le pidieron, por lo que el Insabi ha tenido que organizar procesos de compras consolidadas para los demás organismos del Sector Salud, a pesar de su inexperiencia, tanto en la adquisición como en la distribución.

El organismo, encabezado por Juan Antonio Ferrer Aguilar, llevó a cabo el proceso a destiempo y de manera desorganizada, mientras que las instituciones de salud se han visto obligadas a comprar insumos de urgencia y por su lado, como lo documentó Proceso en abril pasado.

Apenas el 24 de noviembre el Insabi publicó la convocatoria de la licitación de 564 claves para cubrir el ciclo de enero a junio de 2022. De acuerdo con los términos de la licitación, los laboratorios deberían empezar la entrega en enero, días después de firmar el contrato, plazo prácticamente imposible de respetar dado que el fallo se dará a conocer este 22 de diciembre. Ferrer se refirió a esta información como “otra mentira que manejan los medios”.

Las críticas ya no sólo surgen del sector privado, sino de la propia administración federal, pues los errores de la UNOPS y el Insabi afectan el abasto del IMSS, del ISSSTE –y los institutos de Chiapas y Sonora–, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) y las cárceles federales (PYRS).

En julio pasado el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, exhibió la ineficiencia de la agencia de la ONU al resaltar que el organismo fue incapaz de adquirir 950 claves y la Secretaría de Salud (SS) tuvo que encargarse de la operación: “En apenas 37 días logramos adquirir lo que al organismo le tomó 10 meses”, presumió.

Pero la grieta más profunda salió del IMSS, el principal comprador de medicamentos en el país. El 25 de agosto el Comité Técnico –su máxima autoridad– expresó públicamente “su preocupación por la falta de medicamentos para atender de manera oportuna a los derechohabientes” y planteó que “la compra de dichos insumos no se siga realizando a través de la Unops”.

En esa sesión el Consejo Técnico sugirió que la dependencia vuelva a encabezar la compra de medicamentos, como lo hacía en el modelo anterior, “en virtud de que el IMSS cuenta con la experiencia histórica de hacerlo de manera eficiente, transparente y honesta”. Su titular, Zoé Robledo Aburto, opinó que esa opción “debe ser considerada con seriedad”.

Por lo pronto, López Obrador alivió un poco el problema de la distribución con la misma receta que ha aplicado ante otros obstáculos: el Ejército. La Sedena apoya con la distribución de medicinas para retirar el “cuello de botella” en los 12 almacenes a los que llegan los medicamentos –a pesar de que el Insabi adjudicó directamente contratos por mil 118 millones de pesos para este servicio– y el mandatario nombró el general retirado Jens Pedro Lohmann Iturburu al frente de Birmex, la paraestatal que reparte los medicamentos.

UN DATO

La Unops, que cobra cerca de 27 millones de dólares anuales para realizar las licitaciones, ha sido incapaz de adquirir la mitad de las claves de medicamentos e insumos que las dependencias del gobierno federal le pidieron.

El Insabi ha tenido que organizar procesos de compras consolidadas para los demás organismos del Sector Salud, a pesar de su inexperiencia, tanto en la adquisición como en la distribución.