Alertan "peligro inminente" para saxofonista por decisión de juez

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz denunció que la resolución del juez Teódullo Pacheco Pacheco que excarcela al exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, en prisión preventiva como presunto autor intelectual del intento de feminicidio en su contra, la pone en riesgo inminente a ella, a su familia y su equipo de abogadas, pues aseguró que existe "potencial peligro de fuga".

A través de sus redes sociales acuso a Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado presiente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) de obstaculizar un juicio oral justo y señaló que se cometieron "actos de tortura" durante la audiencia, misma que tuvo que ser detenida por la interposición de un amparo, lo cual fue ignorado por el juez oaxaqueño.

Se violentan los derechos de María Elena Ríos; abogada

Mediante un video, Diana Cristal González Obregón, abogada de la saxofonista, abundó que "de manera reiterada, por más de 60 horas y seis días de audiencia", se cometieron actos de tortura, por los cuales se interpuso un amparo indirecto que le prohibía al juez continuar, mismo que él ignoró.

"La resolución de su juez pone en peligro inminente a mi representada (…) tenemos todas las pruebas conforme a la legalidad, licitud y pertinencia para el correcto de los hechos, así como la confianza de que lograremos una sentencia condenatoria", dijo.

Calificó como una "atrocidad" que el juez permitiera el cambio de medida cautelar, lo que permitiría a Vera Carrizal continuar su proceso en arresto domiciliario, pues acusó que se violentan los derechos de María Elena Ríos.

"Que se ponga en excarcelación a un acusado de feminicidio en tentativa, usted y su juez, permitieron poner a mi representada en peligro inminente, a su familia, como víctimas indirectas y donde hay menores de edad, y a sus abogadas", finalizó.

Este lunes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que pidió al Poder Judicial de Oaxaca no cambiar la prisión preventiva a Vera Carrizal por prisión domiciliaria, pues que señaló que tras un análisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se determinó que el domicilio no cuenta con las medidas de seguridad pertinentes ni el gobierno estatal con los elementos de seguridad necesarios para garantizar que el exdiputado no huya de la justicia.

De acuerdo con el mandatario, quien ya había externado su rechazo a la resolución judicial, ésta no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima.