Muere en custodia militar venezolano

Caracas, Venezuela.

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos condenaron el domingo la muerte del Capitán de Corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo que se encontraba bajo custodia tras ser detenido por su supuesto vínculo con un complot para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro previsto para el 23 y 24 de junio.

El presidente colombiano, Iván Duque, indicó en su cuenta de Twitter que la muerte "fue provocada por torturas en su detención, por cuenta del régimen de Nicolás Maduro. El mundo debe ponerle fin a esa dictadura". El oficial naval murió poco después de comparecer ante un tribunal militar de Caracas.

Por su parte, Kimberly Breier, la principal diplomática de Estados Unidos para las Américas, expresó mediante Twitter que la muerte del oficial de la armada venezolana muestra que nadie está a salvo en el país sudamericano.

"La dictadura es tan despiadada contra los uniformados como lo son contra los civiles", tuiteó Breier. "Nadie está a salvo mientras la dictadura criminal continúe en Miraflores y los servicios de seguridad actúen con impunidad".

Acosta Arévalo, que fue detenido el 21 de junio por fuerzas de seguridad, fue presentado el viernes en el tribunal militar tercero de control en un deplorable estado de salud, afirmó el activista Alonso Medina Roa, miembro del equipo de defensa del militar.

Medina Roa, citando a un testigo de quien no quiso difundir su identidad para protegerlo, indicó a The Associated Press que su cliente fue llevado al tribunal en una silla de ruedas porque no podía sostenerse en pie debido a los intensos dolores, con el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados. Debido a la delicada condición de salud del oficial el juez ordenó trasladarlo a un pequeño hospital del Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar del país, donde falleció horas después.

La muerte del capitán desató una intensa polémica en el país suramericano y numerosas reacciones de gobiernos de la región, activistas y opositores que exigieron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, actuar en el caso.

El Grupo de Lima repudió en un comunicado "las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a la que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores" y urgió a la comunidad internacional, en particular a Bachelet, a "actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida".

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía conforman el Grupo de Lima, creado en 2017 por iniciativa de Perú, como muestra de la preocupación regional por la crisis venezolana.