Inoperancia oficial y el terror criminal

Por Verónica Espinosa

En sus 15 primeros meses de gobierno, el priista Alejandro Tello Cristerna no ha podido con la abultada deuda estatal y con la entrega de las obras heredadas de su antecesor Miguel Alonso Reyes, muchas de ellas inconclusas por falta de recursos.

Peor aún, el mandatario tiene en su contra a gran parte de sus representados, incluido el Congreso local, parte del sector empresarial, algunos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y a la propia Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por la creciente inseguridad y la expansión de los grupos del crimen organizado, pero particularmente por sus escasos resultados para frenar la oleada de plagios que tiene en vilo a los zacatecanos.

En este lapso hubo 82 secuestros –por lo menos cinco cada semana–, según las demandas presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que encabeza Francisco Murillo Ruiseco.

La incidencia criminal es demoledora en Zacatecas, sobre todo en su capital. De septiembre de 2016 –cuando inició la administración de Tello– a diciembre siguiente hubo 18 denuncias de secuestro –4.5 por mes–. Y durante este 2017 la situación escaló a un promedio de siete por mes, si bien en agosto la cifra negra llegó a ocho.

De los plagiados, según Murillo Ruiseco, 64 fueron liberados y 12 fueron asesinados; de los otros seis casos admite no tener los datos porque perdió el contacto con los familiares de las víctimas.

–¿En cuántos de los casos se pagó rescate? –se le pregunta al procurador Murillo.

–En la mayoría.

Según las cifras de la dependencia registradas hasta noviembre pasado, Zacatecas ocupa el primer lugar nacional en tasa de secuestros: 0.469 por cada 100 mil habitantes, contra 0.137 de la media nacional.

En los últimos cinco años se han presentado 243 denuncias por este delito; 48 por cada año, en promedio. Las víctimas incluyen lo mismo a exfuncionarios que a mujeres, comerciantes, ferreteros, constructores, adolescentes y estudiantes.

Durante los ocho meses que el general Froylán Carlos Cruz se desempeñó como titular de la SSP no pudo controlar la incidencia delictiva. Su inoperancia no sólo fue un fracaso rotundo en el combate al crimen organizado, sino que permitió el avance de cárteles y socavó la estructura de la Policía Estatal, sostienen los críticos del gobernador.

Ante la falta de resultados, el general Cruz –quien como comisionado de la Policía Estatal en Oaxaca estuvo involucrado en la represión del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, a raíz de la cual murieron ocho civiles– tuvo que dejar el cargo el 15 de junio último por instrucciones del gobernador Tello.

El jueves 14, funcionarios estatales expresaron a los reporteros congregados en el palacio de gobierno su incomodidad por las críticas de las organizaciones civiles a la administración que encabeza el priista Tello porque, según expresaron, eso daña al estado en general y no sólo al mandatario.

Sin embargo, las víctimas de secuestro y familiares de quienes aún continúan privados de su libertad expresan su miedo y desazón por la inseguridad creciente en el estado.

Uno de los plagiados que recuperó su libertad tras el pago del rescate cuenta a la reportera: “Supe que los números desde donde llamaron a mi familia nunca fueron ocultados, pero el personal de la procuraduría no los rastreó, nunca pasó nada. Cuando me secuestraron, cruzamos brechas de particulares que cobraban (a los secuestradores) por dejarlos pasar por lugares donde había mucha gente que se daba cuenta”.

COMPLICIDADES Y MENTIRAS

Para el procurador Murillo Ruiseco, el caso de Zacatecas “es circunstancia especial”. Si la tasa se mide por cada 100 mil habitantes –tenemos 1.5 millones de habitantes, según el último censo, dice–, entonces la incidencia delictiva “nos mantiene arriba, a diferencia de Veracruz y el Estado de México, que tienen una población más elevada. Esa es una razón fundamental”.

Asegura que la administración estatal ha fortalecido la Unidad Especializada contra el Secuestro. Y adelanta: para el año próximo “seguramente se le invertirán más recursos con respecto a los 12 millones de pesos que se invirtieron este 2017”.

Muestra a la reportera las tarjetas informativas con los logros de este año: “Hemos detenido 97 adultos y dos menores, procesados por secuestro. Hemos cumplimentado 65 órdenes de aprehensión y hemos desarticulado por lo menos 13 bandas dedicadas al secuestro; tenemos 63 sentencias condenatorias, 54 en hombres y nueve para mujeres. Son resultados alentadores del trabajo que se ha venido haciendo”.

Sin embargo, el entrevistado no precisa en cuántos de los casos en los cuales se pagó el rescate para la liberación de 64 plagiados se detuvo y consignó a los responsables.

Narcosecuestro: terror indescriptible

>“El narcosecuestro es otra cosa; es mucho más sanguinario. Más que estar privado de la libertad, lo más difícil fue escuchar cuando mataban a alguien junto a mí. El terror es indescriptible”, narra a la reportera una persona que fue plagiada en su empresa, en la zona metropolitana.

>Su cautiverio se prolongó durante varios días. Todo ese tiempo estuvo con los ojos vendados. Algunas veces compartió su encierro con otras personas, algunas de San Luis Potosí. Varias de ellas, dice, fueron asesinadas a centímetros de distancia de donde ella estaba y quemadas en piras preparadas exprofeso, luego de que los cuerpos fueron troceados con machetes.

>Los vigilantes de los plagiarios, dice, son jóvenes con escasa instrucción. Su vocabulario es limitado y por lo general se la pasan fumando mariguana o inhalando cocaína. Una vez los oyó hablar de otro “campamento” que utilizaba el grupo criminal para distintas actividades, entre otras para llevar a las personas secuestradas.

>Nadie quería regresar a ese lugar, que “olía a muerte –comentaban–, pues había por lo menos 300 cadáveres ahí”.

>El jefe del grupo anunciaba el arribo de los plagiados mediante una llamada telefónica. Les ordenaba juntar leña, y ponía la música a todo volumen en los vehículos en que viajaban.