Fenómeno de desaparición de personas persiste en México: ONU-DH
Enero 17, 2022 - 08:19 a.m.
Señaló que llama la atención que aún no se hayan creado el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas, ni que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones
CIUDAD DE MÉXICO
De igual forma, señaló que llama la atención que aún no se hayan creado el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas, ni que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones, previstos desde la expedición de la Ley General.
La oficina del organismo internacional en derechos humanos advirtió que los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.
Dicha instancia de la ONU manifestó que ve con preocupación los intentos de desvinculación y falta de colaboración por parte de la mayoría de las fiscalías en la responsabilidad estatal de buscar a las personas desaparecidas.
Al retomar la vista en noviembre del año pasado del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada señalo que “la impunidad es casi absoluta”, lo que favorece la reiteración de estos graves delitos.
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Otra moción observada por ONU-DH es que no obstante el carácter “general” de la Ley, esto es, su obligatoriedad para las autoridades de todos órdenes de gobierno y en todo el territorio nacional, la mayoría de entidades federativas aún carecen de una política pública en materia de desaparición de personas e incluso algunas no han armonizado sus marcos legislativos con los contenidos de la Ley General ni han dotado a sus comisiones estatales de búsqueda de los recursos mínimos indispensables para cumplir con su importante labor.
“Estas omisiones, incumplimientos y retrasos de los actores estatales repercuten negativamente en los derechos de las víctimas, en quienes sigue recayendo indebidamente, en ocasiones a costa de grandes riesgos, la carga de buscar a sus familiares e incidir en el aparato de procuración de justicia para que cumpla con identificar y sancionar a los responsables”, aseveró la ONU-DH.