El Chaparral, un polvorín fronterizo
En Tijuana vio cómo el crimen organizado ronda el campamento de migrantes donde permanece
“Me iba bien con mis cinco negocios de comida. Hace tres años empezaron a cobrarme piso de 5 mil pesos por cada uno, apenas 10% de mis ganancias. Ese no era el problema, sino que luego me secuestraron, me encapucharon y me dijeron: ‘Ya tenemos ubicada a toda tu familia…’ Querían otras cosas”, recuerda Carlos, quien junto a los suyos salió huyendo de Michoacán y llegó en avión al campamento del Chaparral en abril pasado.
Al ver que dos jóvenes se acercan, corta su narración.
–¿Tienes miedo de que otros grupos los quieran usar?
–Sí, pero ya pusieron el cerco. Por esa parte nos beneficia –dice, aliviado.
Rosa, esposa de Carlos, tuvo miedo por sus hijos: “A los muchachos, si los ven en la calle y los ocupan se los llevan a la fuerza. Los tienen de sicarios, nada de que para la siembra o la amapola. Eso sale poco en las noticias pero desde los 14 años se los llevan”.
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Aunque tiene siete hijos, Rosa considera que los menores, de 17, 20 y 21 años son presa fácil de grupos criminales como los autollamados “cárteles unidos”, que luchan contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación por el control de la zona caliente que abarca Michoacán y Guerrero.
Historias como las anteriores se repiten una y otra vez entre michoacanos y centroamericanos que cayeron en la zona de aproximadamente 200 metros cuadrados conocida como El Chaparral, contigua a la garita internacional con Estados Unidos en Tijuana.
SOBREVIVEN HACINADOS
En ese campamento sobreviven hacinados, con algo de ropa, bajo casas de campaña protegidas por improvisadas carpas, comiendo de lo que agrupaciones sociales de origen estadunidense les brindan o de lo obtenido por limpiar vidrios y autos en “la línea”.
Las 769 personas que hoy están en El Chaparral se aferran al lugar. Suponen que estar ahí les asegura el ingreso a Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad. En estos momentos la frontera está cerrada para ellos.
Según el censo realizado por el municipio de Tijuana, en el grupo hay 316 niños, en su mayoría mexicanos (188), hondureños (94), salvadoreños (19), guatemaltecos (13), más una niña peruana y otra estadunidense. En total hay 374 mujeres y 395 hombres.
No existen condiciones
- De abril a agosto, continúa Vázquez, las organizaciones denunciaron la aplicación del Título 42, consistente en enviar a México a los detenidos. “Les reclamamos: ‘Tú estás diciendo que los regresas por una cuestión de sanidad, pero los estás devolviendo a una situación de riesgo porque en Tijuana, además de extorsiones y robos, tampoco hay condiciones en temas de prevención de covid’. Y aunque el gobierno no eliminó el Título 42, sí consideró el riesgo e hizo lo que se llamó excepción Huisa”.
- A su vez, tal excepción consistía en admitir ingresos de personas que estaban en riesgo. Los activistas de Al Otro Lado elaboraron una encuesta digital para conocer el peligro que enfrentaban los migrantes y con base en ello solicitaban que los dejaran pasar a Estados Unidos.
- Así la asociación logró el ingreso de 5 mil 901 personas, entre ellas 2 mil 450 niños. Fue gente que llegó de Angola, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, México, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Perú, Rusia, Siria y Venezuela.