Crece ‘Haciendagate’. Salpican desvíos del PRI a 6 gobernadores
Diciembre 25, 2017 -
Videgaray y Beltrones, bajo sospecha; implican a Tamaulipas, Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz
El desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua para financiar las campañas del PRI en 2016, durante el gobierno de César Duarte Jáquez, salpica a Los Pinos y convierte al canciller Luis Videgaray y al exsenador y expresidente priista Manlio Fabio Beltrones en presuntos artífices y cómplices de un gran escándalo de corrupción electoral.
El más reciente eslabón de la cadena de fraude y corrupción presentado por la Fiscalía de Chihuahua se logró conocer con el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mano derecha de Beltrones y operador financiero de su partido, y a quien se acusó formalmente del delito de peculado, que se agrava por haberse embolsado 4 millones de pesos de los 250 sustraídos de la entidad norteña para fines electorales.
Proceso y el diario estadounidense The New York Times iniciaron hace varios meses una investigación sobre el desvío de dinero público a las arcas del PRI.
Mediante entrevistas y la revisión de documentos se descubrió el supuesto involucramiento de Beltrones y de otros altos funcionarios del PRI, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, cuando se cometió el delito en Chihuahua, estaba encabezada por Videgaray, actual canciller.
Los documentos revisados y analizados en la investigación periodística, que comenzó en junio de este año, establecen que el plan del robo del dinero del erario chihuahuense se echó a andar en enero de 2016, cuando –según los documentos del juzgado a cargo del caso– Beltrones se coordinó con Duarte para transferir los 250 millones de pesos al PRI por conducto de las secretarías estatales de Hacienda y Educación.
Más de la sección
En el oficio número SH/0014bis/2016 del 13 de enero de 2016, el entonces secretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, envió a la SHCP la solicitud por 275 millones de pesos con la siguiente justificación: “El estado de Chihuahua enfrenta diversas restricciones y presiones financieras y presupuestales para solventar diversos gastos de operación, entre otros el pago de servicios personales que ocasionaría pérdida en la eficiencia de la capacidad de respuesta del estado en caso de incumplimiento de pago oportuno”.
La petición de recursos a la Secretaría encabezada por Videgaray fue dirigida a Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Dos días después, el 15 de enero de 2016, Gamboa Lozano y Herrera Corral firmaron el convenio por la concesión del monto requerido.
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FRACASO ELECTORAL
La trama del desfalco a Chihuahua para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016 –de acuerdo con las declaraciones de los cinco implicados que han sido capturados y sentenciados, y a una decena más de antiguos funcionarios del gobierno de Duarte que están cooperando con la Fiscalía estatal– obedeció a los temores de Beltrones de perder el control de los gobiernos de los estados a donde se enviaron los fondos estatales, como los 246 millones de pesos del estado de Chihuahua.
El robo en cada una de esas entidades no funcionó para materializar los planes definidos supuestamente por Beltrones. En esos comicios el partido del presidente Enrique Peña Nieto perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, y en cuatro de ellas el PRI fue el gran derrotado por primera vez en su historia.
Poco después del fracaso del PRI con Beltrones como presidente del CEN, en agosto de 2016, Duarte descubrió que el gobierno electo que encabezaría Corral tenía conocimiento de los desvíos de dinero.
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Cuatro empresas en el escándalo
- Con base en la revisión de documentos de la corte estatal sobre declaraciones de funcionarios del gobierno de Duarte, procesados e interrogados por las autoridades, los 275 millones de pesos que dio la SHCP sí fueron utilizados para los propósitos que expuso Herrera Corral en su solicitud.
- Sin embargo, y de acuerdo con la declaración de la sentencia de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación de Chihuahua, Beltrones, Duarte y Gutiérrez Gutiérrez fraguaron el plan consistente en que 250 millones de pesos de las arcas estatales se enviaran en efectivo al PRI mediante contratos con cuatro empresas que supuestamente prestarían servicios al sistema educativo.
- En su declaratoria de culpabilidad de fraude y enriquecimiento ilícito –delitos por los que fue sentenciado a cuatro años de cárcel y a devolver 246 millones de pesos al estado–, Yáñez Herrera asegura que las cuatro empresas fueron propuestas por Gutiérrez Gutiérrez, con el argumento de que las entidades ya habían sido usadas para el mismo objetivo en otros cinco estados: Durango, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
- Las irregularidades en el proceso de contratación directa de las cuatro empresas, sin licitación, se expone hasta en el orden cronológico asignado en los números de contratos y en las fechas en que éstos fueron firmados.
- El 24 de febrero de 2016 con la empresa Servicios y Asesorías Samex, SC.
- El 25 de febrero con la empresa Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV.
- El 26 de febrero de 2016, Villegas Madriles y Yáñez Herrera.
- El último contrato, el número SH/AD /077/2016, asignado a Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV.
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El desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua para financiar las campañas del PRI en 2016, durante el gobierno de César Duarte Jáquez, salpica a Los Pinos y convierte al canciller Luis Videgaray y al exsenador y expresidente priista Manlio Fabio Beltrones en presuntos artífices y cómplices de un gran escándalo de corrupción electoral.
La investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua –del gobierno del panista Javier Corral– revela una trama de corrupción electoral y malversación de dinero público –presuntamente diseñada por Beltrones– cuyos tentáculos se extienden por lo menos a otras seis entidades: Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con expedientes judiciales revisados por Proceso y expuestos públicamente en una audiencia judicial celebrada en esta capital.
El más reciente eslabón de la cadena de fraude y corrupción presentado por la Fiscalía de Chihuahua se logró conocer con el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mano derecha de Beltrones y operador financiero de su partido, y a quien se acusó formalmente del delito de peculado, que se agrava por haberse embolsado 4 millones de pesos de los 250 sustraídos de la entidad norteña para fines electorales.
Proceso y el diario estadounidense The New York Times iniciaron hace varios meses una investigación sobre el desvío de dinero público a las arcas del PRI.
Mediante entrevistas y la revisión de documentos se descubrió el supuesto involucramiento de Beltrones y de otros altos funcionarios del PRI, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, cuando se cometió el delito en Chihuahua, estaba encabezada por Videgaray, actual canciller.
Los documentos revisados y analizados en la investigación periodística, que comenzó en junio de este año, establecen que el plan del robo del dinero del erario chihuahuense se echó a andar en enero de 2016, cuando –según los documentos del juzgado a cargo del caso– Beltrones se coordinó con Duarte para transferir los 250 millones de pesos al PRI por conducto de las secretarías estatales de Hacienda y Educación.
En el oficio número SH/0014bis/2016 del 13 de enero de 2016, el entonces secretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, envió a la SHCP la solicitud por 275 millones de pesos con la siguiente justificación: “El estado de Chihuahua enfrenta diversas restricciones y presiones financieras y presupuestales para solventar diversos gastos de operación, entre otros el pago de servicios personales que ocasionaría pérdida en la eficiencia de la capacidad de respuesta del estado en caso de incumplimiento de pago oportuno”.
La petición de recursos a la Secretaría encabezada por Videgaray fue dirigida a Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Dos días después, el 15 de enero de 2016, Gamboa Lozano y Herrera Corral firmaron el convenio por la concesión del monto requerido.
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FRACASO ELECTORAL
La trama del desfalco a Chihuahua para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016 –de acuerdo con las declaraciones de los cinco implicados que han sido capturados y sentenciados, y a una decena más de antiguos funcionarios del gobierno de Duarte que están cooperando con la Fiscalía estatal– obedeció a los temores de Beltrones de perder el control de los gobiernos de los estados a donde se enviaron los fondos estatales, como los 246 millones de pesos del estado de Chihuahua.
El robo en cada una de esas entidades no funcionó para materializar los planes definidos supuestamente por Beltrones. En esos comicios el partido del presidente Enrique Peña Nieto perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, y en cuatro de ellas el PRI fue el gran derrotado por primera vez en su historia.
Poco después del fracaso del PRI con Beltrones como presidente del CEN, en agosto de 2016, Duarte descubrió que el gobierno electo que encabezaría Corral tenía conocimiento de los desvíos de dinero.
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Cuatro empresas en el escándalo
- Con base en la revisión de documentos de la corte estatal sobre declaraciones de funcionarios del gobierno de Duarte, procesados e interrogados por las autoridades, los 275 millones de pesos que dio la SHCP sí fueron utilizados para los propósitos que expuso Herrera Corral en su solicitud.
- Sin embargo, y de acuerdo con la declaración de la sentencia de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación de Chihuahua, Beltrones, Duarte y Gutiérrez Gutiérrez fraguaron el plan consistente en que 250 millones de pesos de las arcas estatales se enviaran en efectivo al PRI mediante contratos con cuatro empresas que supuestamente prestarían servicios al sistema educativo.
- En su declaratoria de culpabilidad de fraude y enriquecimiento ilícito –delitos por los que fue sentenciado a cuatro años de cárcel y a devolver 246 millones de pesos al estado–, Yáñez Herrera asegura que las cuatro empresas fueron propuestas por Gutiérrez Gutiérrez, con el argumento de que las entidades ya habían sido usadas para el mismo objetivo en otros cinco estados: Durango, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
- Las irregularidades en el proceso de contratación directa de las cuatro empresas, sin licitación, se expone hasta en el orden cronológico asignado en los números de contratos y en las fechas en que éstos fueron firmados.
- El 24 de febrero de 2016 con la empresa Servicios y Asesorías Samex, SC.
- El 25 de febrero con la empresa Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV.
- El 26 de febrero de 2016, Villegas Madriles y Yáñez Herrera.
- El último contrato, el número SH/AD /077/2016, asignado a Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV.
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