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Consultan petición para impugnar el ‘decretazo’

Monreal justifica el blindaje a los proyectos para que concluyan

Tras un amplio debate en el pleno del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, anunció que enviará a consulta jurídica la solicitud de 52 senadores de oposición de iniciar una controversia constitucional contra el acuerdo suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se consideran de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura de su gobierno. 

Debaten en Senado por decretazo.Consultan petición para impugnar el ‘decretazo’

“Nosotros sí creemos que hay un interés público para desarrollar estos proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en la zona en donde se están realizando. Se requiere respaldar estas regiones.

“Es la infraestructura para el desarrollo y por eso el acuerdo señala cómo se impulsa el desarrollo sostenible, cómo se protege el medio ambiente, pero también incluye cómo se deben de agilizar los trámites en su permisión para que no sea por cuestiones burocráticas que se detengan las obras”, enfatizó el senador Monreal Ávila. 

Sin embargo, aclaró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera que el acuerdo presidencial no es constitucional, se tendrá que asumir así.

El debate surgió por una propuesta presentada por 52 senadores de oposición para que la presidenta de la Mesa Directiva, a nombre del Senado, presente una controversia constitucional, por considerar que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre no se apega a los lineamientos de la Constitución.

Al final del debate, en el que participaron casi todas las bancadas, la ministra Sánchez Cordero manifestó que tiene algunas dudas, por lo que pidió a la Dirección Jurídica del Senado que realice un estudio para poder dar una respuesta a dicha solicitud.

Durante su participación en tribuna, el senador Ricardo Monreal aceptó todas las preguntas de los legisladores de oposición sobre la vía jurídica para su impugnación al acuerdo presidencial, e incluso ofreció su asesoría y les sugirió que en lugar de una controversia, presenten un recurso de inconstitucionalidad, pues reúnen el 33% requerido para acudir ante la SCJN.



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