Comienza la lucha por enjuiciar a Romero Deschamps y sus 11 jeques

En medio de los embates contra los cacicazgos sindicales y el robo de combustibles de Pemex, el dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps por fin obtuvo un amparo contra cualquier intento de las autoridades federales y del fuero común por capturarlo. Esto ocurrió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundiera que sólo existe una demanda no ratificada contra el dirigente, y de que, el pasado miércoles 6, un grupo de sindicalistas disidentes ampliaran la denuncia penal que interpusieron en 2016 contra ese líder y 11 personas de su círculo por los presuntos delitos de lavado de dinero, fraude, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.

El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps, su familia y amigos cercanos en el gremio han construido “turbios” negocios y disfrutan de una vida “ostentosa” “a costa de los recursos sindicales”, se afirma en una denuncia penal interpuesta en contra del dirigente el 19 de octubre de 2016 ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual fue ampliada el pasado miércoles 6 de febrero.

Este semanario tuvo acceso a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000831/2016, abierta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por los probables delitos de delincuencia organizada; operaciones con recursos de procedencia ilícita; delitos cometidos con dinero de procedencia ilícita (lavado de dinero); fraude; fraude por equiparación; extorsión; defraudación fiscal, y enriquecimiento ilícito.

La denuncia es respaldada por un grupo disidente del STPRM que integran 151 trabajadores de base y el Movimiento Petrolero Activos en Evolución por un México Nuevo, encabezado por Arturo Flores Contreras. La acusación es contra Romero Deschamps y 11 dirigentes seccionales, quienes “presuntamente” se “confabularon” para cometer ilícitos en contra del STPRM.

El documento también revela presuntos vínculos de los señalados con integrantes del cártel de Los Zetas, a quienes, al menos en la Sección 30 del STPRM de Poza Rica, Veracruz, se les otorgó información de los ductos para que ordeñaran combustible.

Las 11 personas acusadas junto con Romero Deschamps de cometer dichos ilícitos son: Moisés Balderas Castillo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Hernández García, Moisés Marín García, Artemio de Jesús Enríquez, Mario Carlock Villalobos, Andrés de la Rosa Hernández, Andrés de la Rosa Reyes, Ismael Melgarejo Vázquez, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Esdras Romero Vega y a quienes resulten responsables, por dedicarse a “saquear” el sindicato y “apoderarse” indebidamente del patrimonio de los trabajadores de Pemex.

En el contexto de las acciones contra el robo de combustibles emprendidas por el gobierno federal, el periódico Reforma dio a conocer en su edición del 11 de enero que Romero Deschamps promovió un amparo para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra de parte de la autoridad federal. El mismo día, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra el dirigente petrolero. Sin embargo, el día 30 del mismo mes corrigió e informó que la única denuncia por robo de combustible que existe contra Romero Deschamps no está ratificada.

Días después, el 6 de febrero, el grupo disidente presentó nuevas pruebas en contra del líder del STPRM y exigió que se integraran en las carpetas de investigación para que el caso se turne al juez de control competente y se liberen las órdenes de aprehensión que procedan contra todos los involucrados.

Apenas el pasado viernes 8, después de un intento fallido de Romero Deschamps por ampararse contra órdenes federales de aprehensión, el juez Primero de Distrito en Naucalpan, Aurelio Damián Magaña, le concedió la suspensión definitiva contra la orden de captura federal o del fuero común. El juez argumentó que ni el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ni el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya le quisieron informar al líder petrolero si existe orden de captura en su contra.

DESVÍOS MILLONARIOS

La denuncia ante la SEIDO indica que la vida ostentosa que llevan Romero Deschamps, su familia y amigos es del dominio público. Refiere que en 2008 Reforma dio a conocer que el líder posee un departamento de lujo y un yate en Cancún con valor de 3 millones de dólares, además de que usa un reloj de oro de 18 kilates estimado en más de 400 mil dólares.

Asimismo, retoma el escándalo que provocó en mayo de 2012 su hija Paulina Romero Durán al publicar en su cuenta de Facebook fotografías de sus viajes al extranjero en aviones privados y comerciales, o bien en lujosos yates y acompañada de sus mascotas. Un año después se dio a conocer que Romero Deschamps regaló a su hijo José Carlos un Ferrari Enzo de edición limitada, con valor aproximado de 2 millones de dólares. Para obtener uno de esos vehículos el comprador no sólo debe demostrar solvencia económica, sino que por lo menos cuenta con otros dos Ferrari.

La denuncia señala que el chofer del líder petrolero, al que únicamente se refiere como Arturo, fue captado cuando apostaba 30 mil pesos en carreras de caballos, tanto en el Hipódromo de Las Américas como en establecimientos similares de Estados Unidos. Lo describen sacando fajos de billetes de 500 y mil pesos para jugar en competencias simultáneas.

En el expediente, los denunciantes sostienen que parte de las cuotas sindicales y demás prerrogativas que ingresan al STPRM a través de contratos es desviada a las cuentas personales del líder petrolero, familiares y amigos. Además, los acusan de vender bienes muebles e inmuebles que pertenecen a los trabajadores, todo ello de manera “ilícita” y sin acordarlo con los sindicalistas como es debido.

Además, afirma: “Existe constancia de que del año 2000 a 2012, el Sindicato Petrolero a cargo de Romero Deschamps recibió del gobierno federal y de Pemex más de 2 mil millones de pesos. Incluso, en el 2000, motu proprio desvió 500 millones de pesos para la campaña del PRI, a la candidatura presidencial de (Francisco) Labastida Ochoa, caso conocido como Pemexgate. Romero Deschamps reconoció que fue un préstamo del sindicato al partido”.

El expediente transcribe prácticamente un texto publicado por este semanario el 19 de enero de 2002 (Sur Proceso número 50), donde se informa que Romero Deschamps, coludido con quien fuera secretario de la Sección 42 del sindicato, Moisés Marín García, vendió terrenos adquiridos con las cuotas de los empleados sindicales por casi 10 millones de pesos, además de inmuebles hipotecados, uno de ellos en Bancomer.