Capos, impunes e intocables

Ciudad de México.

A principios de 2009, el capo Vicente Zambada Niebla se paseaba tranquilamente en un coche BMW o en un Audi por las calles de la exclusiva zona de Jardines del Pedregal en Ciudad de México. 

El joven de entonces 33 años era escoltado regularmente por cinco hombres armados que habían logrado pasar desapercibidos, hasta que finalmente llamaron la atención de los vecinos. 

El 19 de marzo de 2009, el líder criminal fue detenido por militares y policías después de que se recibiera una denuncia anónima. El Vicentillo, como le apodan, es hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán.

 Su aprehensión se dio porque Estados Unidos le había pedido a México su captura a fin de extraditarlo. El 18 de febrero de 2010 fue entregado a las autoridades de aquel país para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Apenas en mayo de este año un juez federal en Estados Unidos lo sentenció a 15 años de prisión. En México no se le ha investigado por lavado de dinero.

El caso de El Vicentillo no es el único donde las autoridades no han logrado armar investigaciones sólidas por lavado de dinero. En una revisión hecha por este medio a los cargos fincados por la Fiscalía (en los dos sexenios anteriores) en contra de 20 de los principales líderes de los cárteles mexicanos, se encontró que, hasta diciembre del año pasado, solo a 8 se les había investigado por blanqueo de recursos. 

En estos casos investigados por lavado, solo se habían conseguido dos sentencias condenatorias, cuatro capos estaban presos y sin sentencia, uno estaba prófugo de la justicia y otro había muerto en un enfrentamiento entre militares y delincuentes.

Desde diciembre de 2006, cuando el expresidente del conservador PAN le declaró la guerra al narcotráfico, se emprendió una persecución en contra de los líderes y miembros de los cárteles para intentar fincarles cargos por delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud, pero se puso poco énfasis en documentar sus estructuras financieras que aceitaban sus actividades criminales.

Un claro ejemplo de la ineficacia con la que actuó la Fiscalía mexicana para combatir el lavado de dinero es Joaquín Guzmán Loera. El Chapo, quien fue extraditado a Estados Unidos y en febrero pasado fue declarado culpable de múltiples cargos de narcotráfico en un Tribunal de Nueva York, no enfrentó en su país ninguna acusación de lavado. Hasta diciembre pasado, la entonces llamada PGR había abierto contra él una decena de expedientes penales por delitos contra la salud, delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, ataque a las vías de comunicación y cohecho, pero ninguno por operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo a los documentos judiciales consultados.

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis --el brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización con mayor expansión en los últimos seis años--, fue detenido el 28 de febrero de 2015, pero solo con fines de extradición, porque en México hasta ese momento no se sabía que hubiese otros procesos penales en su contra. Esto, pese a que el Gobierno mexicano destacó el día de su detención que era el “principal operador financiero” del CJNG. 

El Cuini está en proceso de extradición porque una corte del Distrito de Columbia lo reclama por asociación delictuosa, delitos contra la salud y posesión de armas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó junto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho (el líder máximo del CJNG), en su lista negra. El Mencho, que se ha convertido en el nuevo capo más buscado después de la captura de El Chapo, tampoco había sido requerido para rendir cuentas por ilícitos de lavado de dinero. La Fiscalía lo investigaba hasta finales del año pasado por delincuencia organizada y acopio de armas.

GOlPES MEDIÁTICOS

En el 2009 el Gobierno de Felipe Calderón anunció que había dado un duro golpe a la organización criminal de los Beltrán Leyva. En diversos comunicados anunció la detención de una docena de personas que integraban una célula internacional que transportaba dinero mediante documentos a nombre de empresas fantasma y que contaban con el apoyo de dos policías federales adscritos al Aeropuerto de Ciudad de México. 

Después se sabría que entre los involucrados estaba Ramón Ricardo Martinelli, exdiputado y primo del entonces presidente de Panamá Ricardo Martinell.

En su sexto informe de gobierno, Calderón presumió este golpe como parte de los resultados de su Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero. “Esto representó un golpe a la organización criminal de los Beltrán Leyva, dando como resultado el aseguramiento de cuatro vehículos y de 10,8 millones de pesos”, se expuso en el documento.

En el expediente judicial obtenido por este medio mediante la ley de transparencia se lee que la investigación comenzó el 18 de noviembre de 2009. 

Ese día a las 7:30 horas un policía federal contestó una llamada anónima donde un hombre denunció que un día antes había viajado a Panamá un tal Francisco Javier Piñón Meléndez, que era parte de una organización criminal que se dedicaba a llevar dinero al extranjero. El modus operandi era declarar el efectivo ante Aduana apoyándose en documentos de tres empresas que no existían.

Tras recibir la llamada, el policía confirmó con Aduana que un día antes había viajado esa persona a Panamá y había declarado 254.262 dólares de la empresa Factor Elite con domicilio en Puebla. Inmediatamente se solicitó el apoyo de la policía de Puebla para localizar el domicilio de la compañía, pero al llegar al lugar los agentes se percataron que no existía dicha empresa. Al siguiente día Piñón Meléndez fue capturado cuando regresaba de Panamá.

En el interrogatorio policial el hombre de 36 años dijo que había viajado para exportar carne. Se le preguntó si trabajaba para la empresa Factor Elite y respondió que no. Después de varias contradicciones, contó que una persona le había ofrecido transportar dinero de esa empresa y le aseguró que todo se haría de forma legal. Hasta ese momento llevaba tres viajes y había recibido un pago de 500 dólares por cada uno.