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Acusan de tráfico de influencias a juez que mató a motociclista

La viuda de un hombre que fue embestido por el auto que conducía un juez y provocó su muerte, denunció que el caso está paralizado a dos años de los hechos

  • Por: El Universal
  • 02 / Diciembre / 2019 - 10:30 p.m.
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Acusan de tráfico de influencias a juez que mató a motociclista

La viuda de un hombre que fue embestido por el auto que conducía un juez y provocó su muerte, denunció que el caso está paralizado a dos años de los hechos, y reveló que ella y su abogado son amenazados y hostigados para abandonar la denuncia.

Pedro Portillo Herrera era esposo de Maykeler Viazcán López pero hace dos años, alrededor de las 7:30 horas, conducía su motocicleta sobre el kilómetro 200 de la autopista México-Cuautla, rumbo al poblado de Oaxtepec, cuando fue arrollado por el auto conducido por el juez Daniel Rodríguez Apac.

Era 16 de diciembre de 2017 y los peritajes arrojaron que el juez conducía bajo los efectos del alcohol un auto oficial, modelo Jetta, color blanco, recordó Viazcán López, viuda de la víctima. El juez se dio a la fuga pero fue detenido al ingresar al poblado de San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán, según la carpeta de investigación correspondiente.

A dos años del fallecimiento la mujer acusó un presunto tráfico de influencias porque hasta ahora no se ha realizado la audiencia de formulación imputación y sigue en espera de la contestación oficial, pero al contrario dice recibir amenazas junto con su abogado para desistirse del caso. 

Los antecedentes del caso registran que tras el accidente el juez fue retenido unas horas y luego puesto en libertad a pesar de que las pruebas periciales corroboraron que había ingerido bebidas alcohólicas antes de atropellar al conductor. 

Viazcán López comentó que en estos meses han pactado varios encuentros con el juez sin que éste acuda a las reuniones o en su caso cambia constantemente de abogado para alargar la situación. Con esa estrategia, infiere Viazcán López, el señor juez  pretende salir impune y negarse a reparar el daño.

De acuerdo con la viuda hasta la fecha y a pesar de ser responsable de homicidio culposo, el juez imparte justicia por lo que llamó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, a revisar el caso. 

"Lo que pido es que se dicte sentencia en su contra y obviamente la reparación del daño. Tengo una niña de 7 años, nos hemos visto en una situación muy difícil, yo no he podido arreglar lo de la pensión. ¿Cómo puede dejar que un juez que mató a una persona pueda seguir juzgando a otras personas que están en la cárcel, u a otras personas que cometieron un delito similar, él a final de cuentas es un asesino y no ha querido arreglar la situación", expresó la viuda.

Juez y su historial

Daniel Adán Rodríguez Apac tiene un historial como juez de Control en Morelos que lo podría colocar como el juzgador incómodo del Tribunal Superior de Justicia, pero sucede lo contrario a pesar de su participación en la muerte del motociclista y reclasificar el delito de homicidio calificado por el de encubrimiento en favor de un hombre procesado por el asesinato de cuatro estudiantes universitarios. 

En octubre de 2018 el juez también fue acusado por habitantes de Tepoztlán de incurrir en tráfico de influencias en un caso de despojo agravado. Los denunciados afirmaron que detrás de la acusación en su contra había una confabulación entre el juez y funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

El nombre del juez Rodríguez Apac y su posible actuación irregular resurgió luego de que la Fiscalía Anticorrupción acusó anomalías en el proceso judicial que se realiza contra el exsecretario de Desarrollo Agropecuario de Morelos, Roberto Ruiz Silva y dos de sus colaboradores, por el delito de peculado y el detrimento al erario por 1.8 millones de pesos, aproximadamente. 

Para considerar la versión del juez, una vez que se conoció el fallo del caso, se solicitó entrevista al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos y en respuesta aludieron el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales para esgrimir que entre las causas de impedimento de los jueces y magistrados se encuentran "haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes".

Tres horas después el TSJ, presidido por la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, emitió un comunicado de prensa sobre el tema.

Juez fuera de Control

En diciembre de 2017 una fotografía sacudió la estructura del TSJ. A un costado de la carretera estaba una moto tirada y a un metro de distancia el cuerpo de un hombre cubierto con una sábana. A su lado un zapato tenis desprendido del pie por el fuerte impacto que recibió el motociclista, Pedro Portilla Herrera, padre de un adolescente de 17 años y una menor de cinco años.

Todo ello fue cercado en un cuadro de cinta amarilla para resguardar la escena del crimen registrado en el kilómetro 200 de la autopista México-Cuautla, alrededor de las 07:30 horas.

El juez Daniel Adán Rodríguez Apac conducía el auto que impactó a Pedro Portilla de 42 años de edad, un Volkswagen, tipo Jetta, con placas del estado de Morelos, pero huyó del lugar una vez que vio el cuerpo inerte en el piso. Policías municipales lo detuvieron antes de ingresar al poblado de San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán. Testigos de la aprehensión aseguran que iba en estado de ebriedad.

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación AHTD/249/2017 y el juez fue presentado en calidad de presunto responsable pero ese mismo sábado 16 de diciembre, hizo llegar un documento al MP para solicitar su liberación inmediata bajo el argumento de que tenía arraigo laboral, familiar y domiciliario en Cuernavaca or lo que no existía riego de que se sustrajera de la acción de la justicia.

Al transcurrir el término constitucional de 48 horas, el juez obtuvo su libertad debido a que el delito del que se le acusa es culposo (accidental), no es considerado como grave y, según la representación social, no existe riesgo de sustracción de la justicia.

La familia de la víctima insistió en que el funcionario judicial merecía la prisión preventiva como medida cautelar para enfrentar el proceso penal y lamentó las presiones de servidores públicos para favorecer al juzgador, quien ofreció un acuerdo reparatorio con una propuesta de indemnización de 500 mil pesos pero su oferta fue rechazada.

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