Piden 6 años de cárcel contra el maltrato animal

Cd. Victoria, Tam.

La Asociación de Abogados Ambientalistas de México, AC, solicitará al Congreso local modificaciones al Código Penal del Estado para que se incrementen las penas corporales por el delito de Privación de la Vida, Maltrato o Crueldad Animal, tomando como antecedente el asesinato de Athos y Tango, dos perros rescatistas de la Cruz Roja en el estado de Querétaro, por lo que la jueza pidió una pena de diez años y seis meses de prisión para el responsable.

“Es el primer caso relevante que ha tomado un tinte nacional por la celeridad de la sentencia, no llamaría severidad, llamaría justicia debidamente aplicada, en este caso porque se actuó con saña, con dolo, con una intención criminal”, dijo el presidente de la AAAM, Ricardo Alberto Cruz Haro, “No es la primera sentencia; ya tuvimos en Matamoros la primera sentencia que se aplicó hace un par de años por un caso en el que el propietario de un perro lo golpeó con una varilla; el perro no fue muerto, pero sí recibió una condena como responsable”.

Para el caso de Tamaulipas el Código Penal contempla penas de prisión de dos meses a dos años a ‘quien incurra en conductas que pongan en peligro a un animal de cualquier especie, que no constituya plaga ni se encuentre considerada como riesgo para la salud del hombre, que deriven en maltrato, tortura y/o provocándole la muerte’. Actualmente esta asociación civil mantiene nueve denuncias penales en los municipios de Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico y Altamira.

“Este caso – de Querétaro – de la muerte de estos dos perritos ha marcado a la sociedad mexicana, sobre todo en las fibras más sensibles de quienes buscamos el bienestar de los animales, lo recibimos con beneplácito la Asociación de Abogados Ambientalistas que presido porque tenemos un compromiso moral y jurídico muy importante con el bienestar de los animales”, el envenenamiento de Athos y Tango ocurrió el 13 de junio de 2021 y será este 30 de agosto cuando la jueza dará lectura a la sentencia la cual, además, considera una multa de 2.3 MDP para la reparación del daño y otra de 115 mil pesos.

En otro caso, el abogado ambientalista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en el vecino estado de Coahuila en contra de pobladores y funcionarios públicos del Municipio de Castaños por la tortura y muerte de una osezna de cuatro meses en aquella comunidad, “hay vídeos donde lo arrastran, lo golpean, lo maniatan, lo amarran de las cuatro patas, lo mantienen sofocado y le causan la muerte por asfixia, estamos ante un caso no solamente de maltrato animal sino un atentado contra la biodiversidad”.