Van contra 30 aguachicoleros

Las penas de cárcel y sanciones económicas se incrementarán en un 50 por ciento cuando se detecte que un funcionario público de las Comapas participó en el delito". Juan Ovidio García García Diputado presidente de la Comisión de Recurso Agua

Un promedio de 30 denuncias penales se han presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) y la Fiscalía General de la República (FGR) por el robo de agua en Tamaulipas.

El diputado local de Morena, Juan Ovidio García García, explicó que los ministerios públicos tienen en su poder las denuncias por el presunto delito de sustracción y apropiación del agua por la vía ilegal.

Denunció que el robo se ha detectado por particulares, pero también por industrias maquiladoras en la entidad, principalmente en la frontera del estado; sin embargo, se negó a mencionar cuáles empresas son las que han sido sorprendidas robando el agua.

A lo anterior se suma la ineficacia de los municipios para combatir el ´aguachicoleo´ en la entidad, al no realizar verificaciones dentro de sus competencia para detectar irregularidades en las tomas, desvío del recurso natural, entre otros factores.

"Pocos municipios están ejecutando el semáforo del agua, que fue una  herramienta como área legislativa para que se pudiera controlar el consumo del agua en Tamaulipas, pero creo que son pocos municipios; tenemos que volver a platicar con los municipios que vean la importancia que tiene el semáforo del agua, los que tienen que ejecutarlo son ellos", dijo.

Las últimas modificaciones al Código Penal de Tamaulipas establecen penas de dos a seis años de cárcel para quienes se roben el agua y se agregaron multas económicas de nueve mil 622 hasta los 48 mil 110 pesos.

Las penas de cárcel y sanciones económicas se incrementarán en un 50 por ciento cuando se detecte que un funcionario público de las Comapas participó en el delito.

Los años de cárcel y multas aplicarán a toda persona que distribuya agua potable a través de pipas u otro almacenamiento sin un permiso de distribución, contra aquellos que la extraigan de una fuente diferente a la autorizada por las autoridades.

Se presume culpable todo aquel que altere, impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinada al suministro de los usuarios del servicio público y contra quien, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por la autoridad competente sustraiga o se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica.

Las medidas se tomaron por la intensa sequía que se ha registrado en el estado en los últimos cinco años y los bajos niveles que se observan en los cuerpos de agua y presas.