Sancionarán a quienes se refugien en iglesias
Julio 05, 2019 -
Recibe mujer amenazas para que pague 800 dólares diarios por no irse de EU
McAllen, Tx.- Lo peor que estaba por venir contra los migrantes indocumentados llegó por fín y está causando una profunda indignación por los grupos defensores de los derechos de las personas que carecen de papeles legales para vivir en el país que de ser un sueño para ellos, se ha convertido en una pesadilla.
La semana pasada se supo de multas por un total de entre 300,000 y 500,000 dólares para personas que intentan obtener refugio en iglesias de Texas y de los estados de Colorado, Texas, Utah y Virginia.
Esta sanción es algo con que no contaban las personas que buscan asilo en Estados Unidos.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos les han informado a inmigrantes que se refugian en iglesias para evitar su deportación que podrían ser multados con cientos de miles de dólares de conformidad con una ley federal rara vez utilizada, informaron abogados desde el miércoles, según señala una información de la agencia de noticias AP de Estados Unidos.
Una abogada que representa a una mujer que se encuentra refugiada en una iglesia de Columbus, Ohio, dijo que su clienta y al menos otras nueve personas en circunstancias similares en otras partes del país han recibido notificaciones con amenazas de sanciones civiles equivalentes a unos 800 dólares diarios por no irse de Estados Unidos.
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La abogada Lizbeth Mateo dijo que nunca había visto que la Ley de Inmigración y Nacionalidad fuera utilizada para imponer esas multas en esa forma, y cree que es un intento de intimidar a su cliente y a las demás personas para que salgan del lugar, y no una medida para buscar quitarles dinero que no tienen.
“Están intentando hacerla desistir de su determinación”, dijo Mateo. “Están tratando de intimidarla”.
Avalan medida
Portavoces del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) señalaron que la agencia “está comprometida a usar varios métodos -incluyendo el arresto, la detención, el monitoreo con dispositivos tecnológicos, y las penalizaciones financieras- para aplicar las leyes migratorias federales y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por jueces”.