No a la amnistía de corruptos

El imperativo de castigar a los corruptos no es solo jurídico y moral, es también pragmático. Lo primero no amerita explicación, pues todos sabemos que la ley obliga a las autoridades a perseguir y sancionar los delitos relacionados con la corrupción, y que eludirla vía subterfugios legaloides sin obtener el resarcimiento del daño es éticamente indefendible.

Pero el anuncio presidencial de una amnistía al #priñanietismo invita a un debate. Voy pues a dar las razones prácticas por las cuales, a mi juicio, el borrón y cuenta nueva haría imposible acabar con la inercia de la impunidad.

Enrique Peña Nieto presidió lo que fue tal vez el gobierno más corrupto de la historia de México. Lo que los medios nos han mostrado —Casa Blanca, Malinalco, constructoras favoritas y socavón, Estafa Maestra, mansiones "rentadas" en Las Lomas, Odebrecht, Safiro y más corruptelas achacadas al propio Peña Nieto, Videgaray, Ruiz Esparza, Robles, Osorio, Videgaray, Lozoya, Beltrones y un largo etcétera— es solo la punta del iceberg.

Pronto veremos, en la medida en que nuestro periodismo se sitúe a la altura de la exigencia social, la insultante opulencia que disfrutarán muchos exfuncionarios públicos. Esos abusos detonaron el enojo ciudadano y contra ellos votó la gran mayoría de los mexicanos.

¿A los saqueadores de la nación se les va a permitir permanecer impunes y conservar el dinero que nos robaron? He aquí la consulta que quiero ver, la que pregunte a la gente si quiere que se perdone el latrocinio cometido entre 2012 y 2018.

Los argumentos oficiales para justificar la amnistía son dos. 1) Perseguir y enjuiciar a los corruptos del pasado sería una tarea que distraería energías, restaría fuerzas para gobernar en tiempos que exigen muchos y muy profundos cambios y rebasaría la capacidad de ministerios públicos y jueces. 2) Lanzar una ofensiva contra Peña y su gavilla provocaría una contraofensiva que desestabilizaría al país.

Respondo. Primero: del presidente de la República se requiere la voluntad política para hacer justicia, lo cual es imprescindible mas no extenuante; investigar es tarea de las instituciones que forman el Sistema Nacional Anticorrupción, que para eso están, y juzgar y castigar a los culpables —los principales, los jefes, son pocos y no saturarían juzgados o cárceles— al Poder Judicial.

Segundo: los #priñanietistas tienen mucho dinero, pero es insostenible la creencia de que tienen fuerza para descarrilar al gobierno de un presidente con una enorme popularidad y con todo el poder del amplio instrumental presidencialista; por lo demás, ni el PRI —muchos de cuyos líderes fueron agraviados por el expresidente— ni los empresarios coludidos con la anterior administración —quienes ya se alinearon con Andrés Manuel López Obrador— meterían las manos por Enrique Peña Nieto o por su camarilla.

Si bien varias transiciones en el mundo han pactado amnistías, todas ellas lo hicieron frente a adversarios más peligrosos que los que la 4T enfrentaría.

La Ley de Punto Final de Argentina, que parece inspirar al lopezobradorismo, se gestó en el temor a nuevos golpes de Estado de las poderosas fuerzas armadas de ese país, y aun así tuvo que ser abrogada años después por la presión de la sociedad. No hay en México, como lo hubo al inicio de nuestra Revolución, un ejército leal al jefe derrocado.

A los mexicanos no nos cubre esa amenaza y sí nos descubre la justa indignación de haber sido víctimas de un saqueo monumental. Y lo más importante: la quintaesencia del pacto de impunidad que ha desgarrado a México es la regla no escrita de que el presidente entrante protege al presidente saliente. La permanencia de esa regla impidió que las primeras dos alternancias culminaran nuestra transición democrática.

López Obrador es un hombre honesto y su bandera ha sido la lucha contra los corruptos. Un nuevo régimen no puede ignorar el mandato de las urnas ni puede forjarse en la continuidad.

¿Cómo trazar una frontera entre el antes y el después de la 4T sin el fin de la impunidad en el vértice del poder? No concibo un mensaje inhibidor de la corrupción más potente que ese, ni veo otra manera de barrer las escaleras de arriba hacia abajo.