Justicia penal, adiós al peligroso engendro

La fallida y retardataria promoción de nueve reformas penales inconstitucionales recibió una inmediata derrota pública y mediática. Ese texto quedará por ahí en algún tintero de la 4T esperando tiempos políticos que ojalá nunca lleguen.

El hecho es trascendental, en tanto se da marcha atrás al más peligroso y artero ataque contra principios universales del proceso penal, como la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero también es anecdótico, una reforma que no tuvo madre, tiene a un padre desconocido y abandonador. El engendro resultó huérfano completo.

Si de los hornos jurídicos de la 4T siguen saliendo extraños guisos envenenados como ese, que exhiben desesperación y palos de ciego para enfrentar el enorme desafío de la seguridad pública, es algo que pronto podremos ver.

El proyecto de reformas penales deja un pendiente importante en la agenda legislativa de febrero. Veremos cómo vuelven sobre el tema, pero hoy el mensaje es claro: en México queremos la libertad y creemos en la presunción de inocencia, el debido proceso y en un procedimiento garantista que evite el injusto encarcelamiento preventivo de cualquier inculpado.

Defender la obtención legítima de las pruebas, el principio de la presunción de inocencia, el debido proceso y oponernos al abuso de la prisión preventiva que habría oficializado el permiso para detener primero e investigar después, lo mismo que aplicar la extinción de dominio sin sentencia de un juez, es lo único que todavía nos aleja de la mayor barbarie.

Queda para el anecdotario haber escuchado al presidente —de quien históricamente se dice que “todo lo sabe”— afirmar esta vez que no estaba enterado, para culpar a los expresidentes del desbarajuste en la seguridad. El líder senatorial, Ricardo Monreal, de plano explicó que era mejor no presentar esa propuesta.

También el fiscal general estableció ser ajeno al proyecto y recordó incluso que desde su cargo no tiene la facultad legal de iniciar leyes. Resulta difícil creer que sea suya la paternidad de la tentativa de contrarreforma, por más que algunos columnistas dijeron haber visto su huella en el ADN de la iniciativa.

Es claro que a 12 años de iniciada la reforma penal hacia la oralidad de los juicios y el sistema adversarial, la procuración y la impartición de justicia, así como la llamada readaptación social siguen sin funcionar, ahora con la agravante de un gobierno que obtiene el peor registro en algunas cifras de la violencia criminal.

Con un 2020 de malos pronósticos económicos parece gestarse la tormenta perfecta: agobio en las finanzas, proyectos empresariales que el gobierno festeja con selfies y anuncios de abultadas inversiones a futuro, pero que no maduran.

En la república de los otros datos, todo marcha requetebién, pero la cifra de crecimiento de los empleos formales, medida por el Inegi llega a 36 mil, cuando el número de jóvenes que debieron incorporarse al trabajo durante 2019 está cerca del millón. La presión migratoria apuntala también la posible proximidad de un coctel social explosivo.

En procuración y administración de justicia —durante décadas áreas grises y patitos feos del país— la única ruta viable seguirá siendo la de buscar, a toda costa, moralizar la función, profesionalizarla, modernizarla, supervisarla con entrega y compromiso hasta revertir su postración.

Queremos a un presidente mejor dispuesto a reunirse y a enfrentar las exigencias de las víctimas y de sus familiares y menos a organizar la rifa del avión que lo obsesiona o a proyectar la siembra de bugambilias y hacer concursos florales desplazando la agenda nacional en los temas cruciales de la seguridad, la economía o la salud.