Gobernar sin evidencia

Alguna vez le preguntaron al escritor Isaac Asimov si creía en los ovnis o en la telepatía o en el Triángulo de las Bermudas. No, no, no, y no, repitió. Y una persona, desesperada ante la letanía de negativas lo increpó. “¿No crees en nada?”. “Sí”, respondió. “Creo en la evidencia. Creo en la observación, la medición y el razonamiento, confirmado por observadores independientes”. 

Todo aquello que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece desdeñar. Todo aquello de lo cual busca deslindarse, desprenderse, alejarse. Los datos han sido sustituidos por las corazonadas, los estudios autónomos por las inclinaciones ideológicas, la razón por la fe. Ya no hay que medir, basta con creer. Ya no hay que planear, basta con prometer. 

Ya no es necesario diseñar la política pública, ya que se hace sobre la marcha en las mañaneras. Como sentenció Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda: “El problema de este gobierno es su voluntarismo”.

Voluntarismo basado en creencias, prejuicios y chismes. Voluntarismo reflejado en cómo y para qué se toman decisiones. Voluntarismo ejemplificado en la afectación a múltiples instituciones. Y como botón de muestra, la decisión de eliminar las estancias infantiles, porque alguien le dijo al presidente que se habían vuelto negocios panistas. 

Alguien esparció el chisme y AMLO actuó en función de lo que escuchó, no a partir de lo que su gobierno evaluó. Tan es así que hasta la fecha la Secretaría de Bienestar no ha hecho público el padrón que supuestamente detectó la existencia de 97 mil 180 niños fantasma. 

No ha sabido responder racionalmente al señalamiento de la CNDH sobre un número importante de niños que no fueron censados. No ha atendido la exigencia del INAI de hacer públicas las irregularidades en las estancias que llevaron a su cancelación. No se ha presentado una sola denuncia pública contra los administradores de los recintos o contra algún funcionario público que haya condonado su mala operación. Todo indica que la orden surgió desde la boca del estómago, no a partir de la evidencia.

Porque si el gobierno atendiera datos y cifras, en vez de dimes y diretes, habría visto que la Auditoría Superior de la Federación sólo hizo observaciones al 1.8% del presupuesto de las estancias y no justificó su cancelación. 

Porque si la Secretaría de Bienestar operara conforme a las mejores prácticas y no conforme a los más jugosos chismes, jamás habría afirmado que aceptar la recomendación de la CNDH –exigiendo que el gobierno restituya los derechos infantiles cercenados– implicaba “seguir permitiendo el robo de mil 49 millones de pesos al erario público”. 

Jamás afirmaría que los apoyos entregados directamente evitan la corrupción y protegen a la niñez, ya que no tiene evidencia para probarlo. 

¿Dónde están los documentos que avalan la cifra denunciada? ¿Dónde está la denuncia judicial presentada ante la Fiscalía General de la República? ¿Dónde están los estudios que demuestran cómo la entrega de dinero en efectivo a los padres es una política pública más justa, más progresista y más eficaz que las estancias? 

¿Cómo sabe la Secretaría de Bienestar que los recursos serán destinados al cuidado de los niños en lugares seguros? No tiene manera de saberlo o defenderlo, ya que no cuenta con evidencia para ello.