Goma de borrar

Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del aeropuerto de Texcoco, expuso la razón fundamental: él no sería un florero. No estaría de adorno, contemplando cómo el capitalismo de cuates continuaba depredando al país. No permanecería sobre un librero, permitiendo que las grandes obras de infraestructura produjeran ganancias para pocos a expensas de muchos. 

Él no reproduciría los viejos vicios de las adjudicaciones directas, las contrataciones discrecionales, el inicio de obras sin estudios completados, el despilfarro de dinero público sin control o supervisión. 

Dejaría de ser figura ornamental y crearía una nueva forma democrática de ejercer el poder presidencial. Pero tanto sus acciones como sus reacciones de los últimos meses revelan a un líder que, en efecto, no quiere ser florero. Quiere ser goma de borrar.

De esas gomas en la punta opuesta del lápiz, de esas color caramelo que todos usábamos en la primaria. Pero si el objeto de una goma es borrar errores, en el caso del presidente la está usando para desvanecer leyes, anular la legitimidad de amparos y desaparecer artículos de la Constitución que le resultan incómodos. 

Como el 134, donde dice que los recursos públicos no pueden usarse caprichosa o arbitrariamente. El que norma los principios de racionalidad y transparencia en las decisiones de gobierno. El que invocan quienes han sometido amparos ante la cancelación del NAIM y el inicio de las obras del aeropuerto de Santa Lucía. 

147 amparos presentados en torno a un tema fundamental: la prueba de legalidad que deben revestir todos los actos gubernamentales, como la cancelación de las obras en Texcoco y el inicio de las obras en Santa Lucía.

Ambas decisiones, caracterizadas por la discrecionalidad y la opacidad, los razonamientos variantes y las posturas discordantes. No sabemos exactamente por qué se suspendió la primera obra o si la segunda es viable. 

No sabemos si los costos de la cancelación del viejo aeropuerto excederán los costos de remodelar su nueva encarnación. Y no sabemos esto porque el presidente y su equipo no han ofrecido una explicación congruente y consistente sobre Texcoco, ni estudios completados y verificables sobre Santa Lucía.

El gobierno no ha castigado la corrupción en Texcoco o suspendido a los contratistas tramposos o exhibido las irregularidades o investigado a los presuntos culpables. Tampoco ha presentado estudios ambientales o de aeronáutica o afectación arqueológica, que por ley debería elaborar antes de iniciar la obra. 

Lo que sí ha hecho es tomar decisiones de política pública de enorme impacto económico en función de una consulta popular, sin los datos en la mano. Sin haber calculado costos, viabilidad, racionalidad; sin haberse detenido a cumplir la ley. 

Ha hecho y reproducido lo que tanto criticó a Peña Nieto: colocarse por encima de la legalidad. Borrarla, usando la gran goma que le proveen 30 millones de votos.

Con la ayuda de quienes se aprestan a defender un proyecto político con argumentos antidemocráticos. Con el apoyo seudointelectual de quienes buscan descalificar los amparos criticando a quienes los han presentado. 

Con la asistencia de quienes siempre exigían datos y estudios y transparencia hasta que llegaron al gobierno y decidieron sacrificarlos. Para los miembros de la magra intelligentsia al servicio de la 4T, siempre es más fácil desechar el argumento en función de la identidad de quien lo esgrime, que responder al argumento en sí. 

Siempre es más cómoda la falacia intelectual en defensa del poder, que reconocer la legitimidad de quien lo cuestiona.

Y el amparo en México, aun reconociendo cuán defectuoso puede ser, forma parte de un acervo de derechos que ofrecen las democracias que se precian de serlo. Con todas sus limitaciones e imperfecciones, es un instrumento creado para que el ciudadano pueda oponerse a actos arbitrarios de la autoridad y actos violatorios de la norma constitucional. 

Ahí está la lista de los amparos presentados por ciudadanos de diversa índole que han ampliado el espectro de los derechos para todos. 

Amparos que han ido despenalizando la mariguana, proveyendo el derecho a decidir, asegurando el matrimonio igualitario, obligando al Congreso a legislar sobre la publicidad oficial. Amparos que la izquierda aplaudió cuando era minoría oprimida y se sentía aplastada por las mayorías. 

Amparos que la izquierda celebró antes de que se volviera incongruente y antidemocrática y cercenadora de derechos cuya protección antes era su razón de ser.

Sí, AMLO y Morena son la mayoría temporal del momento, pero eso no les da permiso para pasar por encima de minorías, por más odiosas que les parezcan. Aunque los amparos contra los aeropuertos –en busca de racionalidad, legalidad, transparencia, eficiencia gubernamental en el uso de los recursos– hubieran sido presentados por la reina de Saba, merecen tener su día en la Corte. 

Aunque los amparados no hayan votado por la 4T, sus derechos, como los de cualquier mexicano, merecen protección constitucional.

Y a la izquierda mexicana le toca ser mejor que sus predecesores; mejor que quienes atropellaban derechos una y otra vez gracias a su condición hegemónica. 

Lo que toca entonces es que el gobierno haga públicos sus expedientes sobre el NAIM, que lleve a cabo los estudios aeronáuticos y ambientales pendientes, que revele la normatividad detrás de sus actos para que no parezcan caprichos, y que la Suprema Corte constate su autonomía. 

Porque como lo dijera Franklin Roosevelt, el arquitecto del Nuevo Trato: “Ninguna democracia puede sobrevivir si no acepta como fundamental a su misma existencia el reconocimiento de los derechos de las minorías”. 

López Obrador fue minoría durante décadas y debería entenderlo: su papel es ser pluma fuente que amplía derechos, no goma de borrar que los elimina.