‘Se agarran del chongo’

Con el riesgo de ser acusado de violencia política contra las mujeres por el título de esta columna, pero resulta interesante el reciente reclamo que le hizo la diputada federal Olga Sosa Ruiz a la diputada local Rosa María González Azcárraga porque el Congreso Local no ha homologado la norma federal a la local a pesar de que se tuvo más de un mes de trabajo legislativo, por lo que a través de las redes sociales “se agarraron del chongo”, como se dice popularmente.

Sosa Ruiz escribió en su cuenta de twitter el siguiente texto: “queda para la historia la vulneración de derechos de las mujeres que ven sus sueños y aspiraciones truncadas ante una entidad opresora, el Congreso Local”.        

En respuesta, González Azcárraga aseveró que: “debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Congreso Local no pudo concretar el proceso para dictaminar la iniciativa”, pero además señaló que: “no se puede hablar de un Estado opresor cuando por primera vez en la historia, la 64° Legislatura Local está formada por una mayoría de mujeres”.

La urgencia de la diputada Sosa Ruiz se basa en que toda reforma en materia electoral debería quedar establecida en el marco legal antes de 90 días del arranque de la siguiente elección, que en esta ocasión será el próximo 1° de septiembre cuando se inicie el proceso electoral del 2020-2021.

Pero resulta que en un reciente foro virtual, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis, propuso extender el plazo para que los Congreso Locales puedan legislar exclusivamente para establecer las reformas en materia de violencia política y paridad, puesto que efectivamente la crisis sanitaria por el coronavirus trastoco todo el quehacer legislativo en el país.

Otálora Malassis agregó que en caso de que no se logre la homologación de la norma federal a la local, el Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdoba Vianello, tiene la competencia para conocer y proceder en los casos de violencia política contra las mujeres en el país.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández propuso cabildear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que las reformas en la materia no entren en vigor para las elecciones federales y locales del 2021, sin descartar la posibilidad de lograr que se extienda el plazo para que los Congreso Locales puedan homologar la ley para sancionar la violencia política contra las mujeres.

A propósito, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, dijo ser víctima de violencia política durante una videoconferencia organizado por la Cámara de Diputados, ya que en forma aparente ha recibido presiones y agresiones de dirigentes y legisladores del PAN.

Expresó que se han confabulado para no ser nominada a cargos de elección popular, sin embargo es una de las pocas alcaldesas que han sido reelectas, además de estar en el Senado de la República.

Y como lo comenté al principio de la presente colaboración, espero que no sea acusado de violencia política contra las mujeres, puesto que se considera como delito las descalificaciones, las bromas hirientes, entre otras, como sería el caso de las diputadas Sosa Ruiz y González Azcárraga que “se agarraron del chongo”.

Espero que ambas no se sientan ofendidas, pero en todo caso ofrezco una disculpa por señalar que se requiere el diálogo y la concertación en lugar de la diatriba y la descalificación.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que el recorte no se aplicará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) porque se dedica procurar los derechos humanos, cuyo precepto está estipulado en el decreto para reasignar el presupuesto federal a causa de la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Como se recordará, la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, alertó hace dos días que la aplicación del recorte presupuestal del 75% en la atención a las víctimas de la violencia sería devastador.

La denuncia de la doctora Gómez Pérez fue ampliamente difundida porque cualquier recorte propiciaría que dejara de operar, sobre todo porque no tendría el presupuesto necesario para el pago de la nómina, de la renta, entre otros gastos cotidianos, pero sobre todo para otorgar los apoyos a las víctimas de la creciente violencia en el país.

Desafortunadamente, las autoridades federales no analizan bien el alcance de sus decisiones, pero sobre todo ni siquiera se molestan en avisar a sus colaboradores más cercanos, por lo que muchos no saben que les espera, como sucedió con la titular de la CEAV.

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